El transporte público que el Perú sigue postergando 

Hablar del transporte público en el Perú es hablar de una deuda acumulada durante décadas. En las principales ciudades, millones de personas destinan una parte considerable de su día a movilizarse entre viviendas, centros de estudio, trabajos y servicios básicos. De tal modo, el problema no se reduce a los embotellamientos. Claramente abarca la fragmentación de las rutas, la baja calidad del servicio, la informalidad, la escasa integración entre los modos de transporte y una infraestructura que avanza con menor velocidad que el crecimiento urbano. Mientras las ciudades se expanden, el sistema continúa reaccionando tarde ante las necesidades que eran previsibles.

Lima y Callao concentran los proyectos de transporte masivo más visibles del país. La Línea 1 del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios demostraron que existe una demanda sostenida por servicios de mayor capacidad y recorrido predecible. La Línea 2, cuyo primer tramo opera desde 2023, representa un avance decisivo y en 2026 registra progresos importantes en su construcción. No obstante, una red integrada no puede depender de solo los proyectos aislados ni de las conexiones que tardan años en completarse. Además, el desafío consiste en articular metro, buses, alimentadores, ciclovía y recorridos peatonales bajo una lógica común de la movilidad.

La postergación se percibe fuera de la capital. Ciudades como Trujillo, Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancayo y Juliaca llevan años discutiendo en cuanto a la necesidad de modernizar sus sistemas urbanos. Claramente, durante 2025 y 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Promovilidad, se impulsaron planes, estudios y proyectos para varias de estas ciudades. Siendo así que, el hecho de que aún sea necesario formular rutas integradas, corredores troncales y planes de movilidad confirma que el país ha llegado tarde a una tarea, en la cual se debió acompañar el proceso de urbanización.

La movilidad también posee una dimensión social. Quien vive lejos de los centros de empleo suele asumir viajes más largos y varios trasbordos. Esa carga afecta con mayor intensidad a quienes dependen exclusivamente del transporte público. Un servicio impredecible puede limitar oportunidades laborales, reducir el tiempo disponible para estudiar o cuidar a la familia y aumentar la exposición a riesgos viales. Por esa razón, mejorar el transporte no debe entenderse como una obra de infraestructura aislada, sino como una política vinculada con productividad, inclusión y calidad de vida.

El país ya cuenta con señales de cambio. El Plan de Movilidad Urbana 2025-2045 para Lima y Callao propone un sistema integrado y una cartera amplia de proyectos; Promovilidad trabaja con diversas ciudades para desarrollar planes y sistemas de transporte sostenibles. En el Perú se necesita de una continuidad técnica, prioridades claras, financiamiento responsable y capacidad para ejecutar lo planificado.

En mi opinión, el mayor atraso del transporte público peruano no está únicamente en la falta de trenes, buses o corredores, sino en la costumbre de aceptar la demora como parte normal de la gestión. Cada año de postergación consolida ciudades más difíciles de ordenar y ciudadanos obligados a adaptarse a servicios insuficientes. Claramente, modernizar la movilidad exige pensar en décadas, pero actuar desde ahora. Un país que pretende ser más competitivo no puede seguir considerando el traslado diario de millones de personas como un problema secundario.