Después de la elección

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez evidencia el triunfo de Keiko, pero también un Perú dividido en dos mitades que observan la realidad desde perspectivas distintas. Una defiende la continuidad del orden constitucional, rechazando un modelo observado con preocupación ante fracasos en América Latina. La otra siente que perdió una oportunidad para transformar un sistema etiquetado como distante, excluyente e incapaz de responder a las necesidades.

Sin embargo, interpretar esta elección como una confrontación entre dos bloques ideológicos perfectamente definidos, es un error. Asumir que todos quienes apoyaron a Sánchez lo hicieron por adhesión a su modelo político, es una simplificación que impide comprender la realidad.

Millones de peruanos votaron por algo más simple y profundo. Votaron por quien mejor interpretó sus frustraciones. Por quien les habló de las brechas que separan a amplios sectores del país de las oportunidades, servicios y desarrollo. Por quien expresó el abandono que muchas comunidades sienten frente a un Estado que llega tarde, mal o está ausente.

Ese malestar existe y no desaparecerá con el resultado electoral.

Millones de peruanos sienten que el crecimiento económico no llegó a sus hogares, que el Estado los abandonó y que muchas instituciones les dieron la espalda. Observan carreteras inconclusas, escuelas precarias, centros de salud insuficientes, inseguridad creciente y distancia entre decisiones tomadas en Lima y la realidad en sus regiones.

Reconocer ese sentimiento no implica aceptar cualquier solución propuesta para enfrentarlo. Tampoco obliga a compartir proyectos políticos que solo capitalizan el descontento. Exige comprender que detrás de cada voto existen experiencias reales que no pueden reducirse a una etiqueta ideológica.

Durante la campaña, parte del debate giró alrededor de la defensa de las instituciones. Los contrapesos democráticos, independencia de poderes, libertad de prensa y reglas constitucionales siguen siendo fundamentales para preservar las libertades y evitar la concentración del poder.

Pero no basta con que las instituciones existan. Deben demostrar que sirven, especialmente en regiones apartadas.

Para una familia que carece de agua potable, una comunidad sin acceso a salud o un joven que no encuentra oportunidades laborales, la defensa abstracta de la institucionalidad es insuficiente si no viene acompañada por resultados concretos. La legitimidad institucional no se construye únicamente en los tribunales, en el Congreso o en los discursos oficiales. Se construye cuando los ciudadanos perciben que esas instituciones mejoran efectivamente su vida cotidiana.

El gran desafío del próximo gobierno no será administrar una victoria electoral. Será reducir las brechas que alimentan la desconfianza hacia el sistema. La estabilidad del Perú dependerá de más ciudadanos que sientan que las reglas funcionan también para ellos.

Las sociedades divididas no encuentran estabilidad cuando una mitad impone su visión sobre la otra. La encuentran construyendo mecanismos que permiten convivir, competir y corregir errores sin excluir a quienes piensan distinto. La tolerancia democrática no exige renunciar a las convicciones. Exige aceptar que quienes sostienen una visión distinta del país seguirán formando parte de la misma comunidad política.

Ese principio es particularmente importante en el Perú de hoy. La mitad del país no puede ser vista como un error electoral o amenaza permanente. Son millones de ciudadanos cuyas preocupaciones seguirán presentes después de las elecciones, formando parte del futuro nacional.

La democracia peruana será más fuerte si demuestra que las instituciones no pertenecen a quienes ganan, sino a todos los ciudadanos. La democracia se consolida cuando quienes pierden continúan creyendo que vale la pena participar, expresar ideas y buscar cambios dentro de las reglas comunes.

La elección terminó. El verdadero desafío comienza cerrando las brechas que dividen a los peruanos sin cerrar los espacios que permiten convivir en libertad.

Esa es, probablemente, la tarea política más importante de los próximos años.