Heriberto Bustos
Cuánto vales, cuánto cuestas
Encuestas, poder político y manipulación de la opinión pública

En el enmarañado escenario político actual, nos encontramos, a nivel externo, con el presidente colombiano Gustavo Petro. Intentando ocultar su fracaso, se le ocurrió mostrar su lado populista, desviando la atención de sus ciudadanos hacia la isla peruana Chinería, donde se ubica el puerto de Santa Rosa. Con ello agitó irresponsablemente la adrenalina de nuestras Fuerzas Armadas.
En el frente interno, Martín Vizcarra se pone la camiseta número 5 del degradado equipo de expresidentes corruptos y es recibido en el Penal Barbadillo. Allí le resuena la sentencia: “el que riendo la hace, llorando la paga”. Mientras tanto, algunas voces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantaron su protesta tras la promulgación de la Ley de Amnistía para militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Paralelamente, el Tribunal Constitucional, en su afán de “proteger la investidura presidencial”, otorgó un abrigo protector de corta duración. Y como si fuera poco, en medio de este desorden, las comisiones del Congreso fueron tomadas, como si fueran un juguete, por aprendices de política.
En ese contexto, a escasos ocho meses de las elecciones generales, irrumpen nuevamente las empresas encuestadoras. Tratando de beneficiarse, buscan influir en la opinión pública con la publicación de sus innumerables y controvertidos cuadros estadísticos. Pretenden asumir el rol de orientadores del voto ciudadano, lo que recuerda lo señalado por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung: “La falacia del cuadro estadístico estriba en que es unilateral, en la medida en que representa sólo el aspecto promedio de la realidad y excluye el cuadro total. La concepción estadística del mundo es una mera abstracción, y es incluso falaz, en particular cuando atañe a la psicología del hombre”.
Al revisar los resultados, aparecen ligeras —y sospechosas— variaciones. Por ejemplo, ante la pregunta “si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted?”, encontramos lo siguiente:
- Primera quincena de julio: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Phillip Butters, Arturo Fernández y Alfredo Barnechea.
- Segunda quincena de julio: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, César Acuña, Mario Vizcarra, Phillip Butters y Vladimir Cerrón.
- Primera quincena de agosto: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, César Acuña, Alfonso López Chau, Arturo Fernández y Rafael Belaunde.
Estos movimientos, traslados y disputas numéricas recuerdan la canción infantil: “Suben y bajan, suben y bajan, todas las olas del mar…”. Lo más cuestionable es que algunas encuestadoras incluyan candidatos que ni siquiera han sido elegidos por sus partidos. Nada extraño sería que, bajo el pretexto de las elecciones generales, estas encuestas busquen también influir en las elecciones internas de diciembre, cuando recién se definirán oficialmente los candidatos.
No se trata de descalificar los datos presentados, sino de tener presente la existencia de intereses ocultos. Las encuestadoras trabajan para partidos o candidatos que pagan por sus servicios, buscando resultados que los posicionen favorablemente. De allí que sea difícil descartar un sesgo en la metodología: muestras poco representativas, preguntas formuladas de manera tendenciosa o ajustes según la conveniencia de sus clientes.
Hoy, las encuestas han dejado de ser simples instrumentos técnicos para convertirse en herramientas políticas cuyo verdadero objetivo es influir en la decisión del electorado. Por ello, resulta clave no caer en el extremo señalado por Daniel Estulin: “Si queremos que la gente crea algo, lo único que tenemos que hacer es organizar una encuesta que diga que tal cosa es así, y después darle publicidad, preferiblemente por televisión”.
Como consumidores de información, debemos ser críticos. No tomar los resultados como una verdad absoluta, analizar quién financió la encuesta, qué metodología se empleó, cuál es el margen de error y, sobre todo, valorar la credibilidad y ética de la empresa. Finalmente, la decisión corresponderá al pueblo peruano. Lo deseable es que esa elección no se vea manipulada por las encuestas, sino que responda al auténtico deseo de progreso que el país y sus ciudadanos necesitan.
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