Consecuencias del impuesto a la comunicación satelital

En la década del ochenta surgió una disciplina jurídico-económica que mantiene plena vigencia: Law&Economics o Análisis Económico del Derecho. Esta disciplina enriqueció la visión del abogado con la comprobación de los efectos reales del derecho, haciendo posible medir sus efectos, más allá de la hipótesis y el juicio de valor a que suelen tender abogados, sociólogos y antropólogos.

En nuestros tiempos no hay excusa razonable para promulgar normas o tomar resoluciones jurisdiccionales sin realizar una medición económica de sus efectos. Así la evaluación de los efectos de una resolución judicial como la explicada en mi artículo anterior que, contrariando lo dispuesto por la propia instancia máxima en la materia, pretende gravar con impuestos un servicio como el satelital que es prestado desde fuera del territorio peruano, arroja múltiples consecuencias negativas, que van más allá del —de por sí irracional— encarecimiento de las comunicaciones para las poblaciones más alejadas. Además generará la imposibilidad de que el Estado cumpla con eficiencia la primera función que le atañe: brindar seguridad a dichas poblaciones, a niveles por los menos cercanos a los contemporáneos.

Me explico. Cada comisaría, cada posta médica, cada escuela ubicada en poblados, caseríos y anexos lejanos de las ciudades principales, solo puede comunicarse con los niveles capaces de darles el respaldo requerido usando el servicio de Internet o telefonía satelital. Si este servicio se encarece, no podrán pagarlo y quedarán a disposición de las andadas del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, la minería ilegal y todas las formas de delito imaginables. Es tan claro el resultado que no es difícil sospechar la intencionalidad ideológica antisistémica o de la corrupción tras esa decisión.

Nada es más apetecible para el crimen organizado (incluída la sedición inspirada en el socialismo del siglo XXI) que aislar porciones del territorio para poder controlarlas luego con facilidad. Nada pueden hacer un comisario y un par de policías si no tienen capacidad de recibir información prospectiva o solicitar y recibir refuerzos ante una crisis. De aplicarse dicha norma las ya permeables fronteras acabarán siendo replicas de los poblados controlados por los carteles en el norte de Mexico, dejando como única opción ciudadana la resignación o el retroceso histórico a la ley del Talión, siempre que el balance de fuerzas lo permita.

Las compañías de telecomunicaciones no serán las afectadas, ya que simplemente trasladarán el costo al precio; lo será la población alejada de las grandes ciudades, que pagará las consecuencias de la torpeza (o mala leche) tras la mencionada resolución judicial. Como al ser confirmada una sentencia en la última instancia es de cumplimiento obligatorio —así la causa última de la misma, en sentido aristotélico, tenga más razones ideológicas o monetarias que jurídicas—, quedará en mano del Congreso promulgar una ley específica que arregle el estropicio. Habrá llegado la hora de aplicar los balances y contrapesos inherentes a la democracia.