En la siguiente video columna, el constitucionalista Domingo García Belaunde critica el decreto supremo de urgencia que regula las relaciones del Estado con las empresas condenadas por corrupción: dicha norma no tiene un carácter de urgencia y el tema ya está regulado por la ley de contrataciones. De otro lado también critica el proyecto de ley que pretende extender los alcances del mencionado decreto a empresas investigadas, pero que no están condenadas.