¿Ya nos olvidamos de Puno?

Luego del 28 julio a todos parece evidente que la estrategia insurreccional de las vanguardias comunistas vinculadas al Foro de Sao Paulo y el Movadef ha fracasado de principio a fin, sobre todo por el rechazo de las mayorías de las provincias del sur a reeditar un camino de violencia que destruye las economías y negocios familiares. Sin embargo, en el preciso momento en que todos sentimos que la amenaza contra el Estado de derecho parece conjurada, el Ejecutivo, el Congreso, los políticos y la sociedad en general parecen olvidar que Puno se convirtió en el epicentro de la estrategia violentista contra el sistema institucional.

Lima, el Estado y el centralismo, nuevamente parecen estar de espaldas a la realidad de los puneños. Más allá de los anuncios del Ejecutivo de destrabar y relanzar el proyecto de agua y alcantarillado de la ciudad de Juliaca, no se conocen otras iniciativas de reencuentros, de acercamientos, entre el Perú oficial y el altiplano postergado. Por otro lado, los propios políticos democráticos han olvidado la urgencia de liderar propuestas y la necesidad de representación de las mayorías puneñas excluidas. Ni el oficialismo ni la oposición parecen comprender que la tragedia puneña necesita una salida.

Vale recordar que Puno apenas representa el 1.9% del PBI nacional, padece una pobreza monetaria por encima del 43% de la población y una informalidad que, en términos generales, afecta al 90% de las actividades económicas y sociales de la región. Por otro lado, Puno y Juliaca, las dos ciudades más importantes de la región, carecen de sistemas de agua y alcantarillado eficientes. Según diversos estudios, más de la mitad de las familias no tienen agua potable, desagüe ni electricidad. Y en medio de esta situación devastadora, existe una permanente agitación de los sectores bolivarianos a favor de una república aymara con el objeto de convertir a Bolivia en avanzada de una estrategia de secesión territorial del Perú.

Si alguien considera que el problema de Puno ha terminado con el fracaso de la estrategia insurreccional se equivoca de principio a fin. La distancia y frivolidad del Perú oficial para con la región altiplánica, de una u otra manera, sobre todo hasta las elecciones del 2026, construirá un poderoso sentimiento antisistema en contra de la Constitución y el Estado de derecho, porque la agitación radical bolivariana identifica al sistema constitucional como la causa de todas las exclusiones en Puno.

Los peruanos entonces tenemos la obligación de avanzar al encuentro de nuestros hermanos puneños y, a través de este proceso, de reencontrarnos con las provincias del sur y con aquellas regiones en donde la pobreza está por encima del 40% de la población. En ese sentido se ha propuesto, por ejemplo, que la región altiplánica se convierta en una zona franca con un impuesto a la renta entre el 5% y el 10%. 

No se trata de la idea de una zona franca tipo enclave, tal como se desarrolla en la Zona Franca de Tacna, con el objeto de combatir el contrabando en el sur. Se trata de una zona franca para todo el espacio regional, con el objeto de formalizar la minería artesanal y el comercio informal, que se desarrolla desde Bolivia e inunda los mercados puneños y todas las actividades económicas. 

Con gran justificación algunos economistas aseveran que una propuesta de zona franca regional podría quebrar el sistema tributario nacional. Sin embargo, el 90% de informalidad en Puno, ¿acaso no ha quebrado el sistema de recaudación fiscal?¿Acaso no convierte a los puneños en una sociedad declarada en desobediencia civil contra las malas leyes económicas? 

Las propuestas audaces pueden pecar de excesos. No lo negamos. Sin embargo, las audacias sirven para recordarnos que la urgencia y el drama de ninguna manera han terminado en la región altiplánica.