La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Uno de los efectos del paro que acataron más de 50 empresas de transporte en Lima en contra de las extorsiones, las amenazas y el sicariato de las bandas de delincuentes es el haber sensibilizado a la sociedad de la ola criminal que se apodera de la capital, las principales ciudades y de todo el territorio. Ricos, pobres, clases medias y peruanos de todas las regiones padecen el embate criminal. En este escenario, el Ejecutivo declaró el Estado de emergencia por 60 días calendarios en el distrito de San Juan de Lurigancho y otros 11 distritos de Lima y Callao. De esta manera las fuerzas armadas también pasan a ser un actor en la búsqueda de alternativas para frenar la ola criminal.
El paro de transportistas de Lima es, pues, la directa notificación del fracaso del Estado, del gobierno actual en la provisión de servicios mínimos de seguridad, no obstante los enormes gastos del Estado en este rubro. El presupuesto nacional considera más de S/ 14,000 millones de soles para atender los temas de la seguridad ciudadana. Sin embargo, según reportes del Ministerio del Interior, del total de 1,323 comisarías alrededor de 926 tienen edificaciones defectuosas o están en riesgo de colapsar. Los números son parecidos en cuanto al equipamiento tecnológico de las comisarías y la situación de los patrulleros. Del total de unidades vehiculares para patrullar, cerca de un tercio está inutilizado por averías y desperfectos.
Asimismo, según la PNP, en Lima existe un efectivo policial por cada 500 habitantes. No obstante, la recomendación de las Naciones Unidas y los estándares mundiales señalan un efectivo por cada 250 o 300 habitantes. Por otro lado, según diversos expertos de seguridad, Lima necesita con urgencia incrementar en 20,000 el número de efectivos policiales para enfrentar el desborde de la ola criminal; mientras que a nivel nacional se necesita aumentar en 40,000 efectivos policiales.
Desde la segunda década del nuevo milenio el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana se ha multiplicado por tres. Igualmente, el sector privado formal gasta una cantidad casi igual a la del Estado para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana. Considerando el gasto del Estado y del sector privado se puede hablar de que, en la sociedad, se destinan más de S/ 30,000 millones a la seguridad ciudadana.
En este contexto, el paro de los transportistas en Lima revela que el control y el avance del crimen organizado de ciudades como Trujillo y Chiclayo en el norte también ha llegado a la capital. En ese sentido, la protesta de los transportistas es un remezón para la conciencia nacional.
En este contexto, es incuestionable que el Estado debe pasar a implementar un plan de emergencia para reforzar la infraestructura y el equipamiento de las comisarías y el mantenimiento de los patrulleros. Se necesita gastar el dinero del presupuesto con más eficiencia, se necesita focalizar el gasto en los problemas esenciales. Igualmente, se debe tener una política de mantenimiento de los patrulleros para utilizar todo el potencial de las unidades de la PNP.
Asimismo, se necesita incrementar el número de efectivos policiales en Lima y a nivel nacional. En ese sentido, la reciente modificación del Código Procesal Penal que restablece la responsabilidad de la PNP en la investigación preliminar de los delitos es una herramienta que puede empoderar a las comisarías en el combate al crimen.
Por otro lado, el Ejecutivo y el mando de la PNP necesitan reforzar las unidades especializadas de la policía y profundizar el trabajo de inteligencia para ubicar, capturar y procesar a los cabecillas de las bandas criminales. Reforzamiento de infraestructuras y equipamiento de las comisarías más inteligencia parecen ser las claves del éxito.
Sin embargo, es hora de producir una gran convergencia de los esfuerzos del Estado, del sector privado y de los municipios para combatir con eficiencia al crimen. Las enormes cantidades que gasta el sector privado serían más eficientes para las empresas y toda la sociedad si los esfuerzos estuviesen alineados con el trabajo del Estado. Igualmente las motocicletas, los patrulleros, los efectivos y los equipos de los serenazgos deberían formar un solo puño con la PNP para que los golpes contra la ola criminal sean devastadores.
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