Elecciones del 2026 y recuperación del Estado de derecho

El modelo económico y social que se implementa en el país en las últimas tres décadas tiene en el fracaso del Estado su gran talón de Aquiles. Si el Perú, por ejemplo, no avanzó con más firmeza hacia el desarrollo con crecimientos de la economía sobre el 6% –que eran absolutamente posibles– se explica porque el Estado se convirtió en el principal enemigo de la inversión privada.  Hoy la pobreza y la informalidad en el país, igualmente, se explican porque el Estado bloquea inversiones y construye murallas de sobrerregulaciones que convierten en inalcanzable la informalidad.         

Sin embargo, al lado de la burocratización y la sobrerregulación de los procedimientos ante el Estado, desde las elecciones del 2016 también se ha ido generando un vacío de poder, un quiebre general del principio de autoridad, que se refleja en la manera como funcionan las instituciones, que se manifiesta en las absurdas contradicciones entre el Congreso y otras instituciones del Estado de derecho y que, por supuesto, también se revela en que la informalidad se ha convertido en un espacio en el que avanzan las economías ilegales. El caso del avance de la minería ilegal en los amplios sectores de informalidad minera es paradigmático y revelador.                          

Existe, pues, un Estado disfuncional, absolutamente burocratizado y enemigo de la sociedad y de la inversión privada; pero con el principio de autoridad quebrado, con un enorme vacío de poder. En este contexto, no es extraño que no haya autoridad para movilizar a las instituciones del Estado de derecho hacia una gran convergencia en contra de la ola criminal que, mediante el control de territorios y el sicariato, pretende crear zonas liberadas de la Constitución, incluso en la propia capital.                                                             

¿Cómo así se creó este gigantesco vacío de poder? Desde el 2016 se han sucedido seis jefes de Estado hasta la actualidad; no obstante que, de acuerdo a la Constitución, solo correspondía dos. Se ha producido un cierre inconstitucional del Congreso, se ha desarrollado un golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino y Pedro Castillo perpetró un golpe de Estado fallido. En este triste escenario, la figura del presidente de la República, el primer magistrado de la República ha sido pulverizada y, por otro lado, el Congreso no ha llenado ese vacío por la cantidad de yerros que acumula. ¿Cómo entonces puede haber autoridad para luchar contra la ola criminal y enfrentar a la minería ilegal? Parece imposible.       

Es evidente entonces que las elecciones generales del 2026 no solo deben ser el espacio privilegiado para discutir la reforma del Estado sino también el único proceso mediante el cual se resolverá el vacío de poder actual que, de persistir, podría empujar al país al escenario del Estado fallido. En ese contexto, a nuestro entender, el panorama ideal debería ser que dos movimientos de centro derecha pasen a la segunda vuelta, superen los terribles errores de los comicios del 2016, y reconstruyan el sistema de autoridad que la izquierda ha pulverizado en los últimos años.                                                        

Si queremos ser optimistas debemos recordar que, no obstante que el 2021 se eligió al peor candidato y al menos preparado, el Perú no se destruyó. Si bien todo se paralizó, si bien la economía se desaceleró  gravemente, si bien se erosionaron las instituciones, la reconstrucción puede ser rápida porque las vigas y columnas centrales del modelo se mantienen. Y si queremos ser pesimistas, bastaría elegir mal, tal como lo hicimos en el 2021, para convertirnos en un Estado fallido.