La posición del progresismo ante el desborde de la criminalidad

Es evidente que en el desborde de la ola criminal en el país tiene responsabilidad el Ejecutivo por no haber desarrollado una política de Estado que enfrente esta evidente amenaza a la seguridad nacional. El Gobierno parece mirar a otra parte mientras las bandas criminales imponen un orden del delito en regiones, provincias y sectores económicos por encima de la Constitución y la ley nacional. Nadie puede negar la responsabilidad gubernamental.

Igualmente, el Legislativo tiene responsabilidad cuando relaja las normas en contra de la minería ilegal y no se decide a legislar correctamente los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, que se han convertido en revólveres sobre la nuca de ricos y pobres, de grandes corporaciones y bodegas, panaderías y negocios pequeños.

Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es la posición del progresismo nacional que, a través de múltiples oenegés y algunos medios de comunicación, pretende señalar que el desborde de la ola criminal solo tiene que ver con los yerros del Congreso. Una posición realmente inaceptable. Se denuncia que las leyes contra el crimen organizado se relajaron algunas semanas atrás, porque el Legislativo aprobó la exigencia de que en los allanamientos –tal como sucede en los procedimientos penales de cualquier democracia desarrollada– se encuentre el abogado de los imputados o un abogado de oficio. Una manera de abordar la discusión que esconde el hecho de que el desborde de la criminalidad es algo que se ha acumulado en décadas.

¿Por qué sostenemos que el fenómeno se acumula en décadas? En Perú, Ecuador, Colombia, Chile y la mayoría de los países latinoamericanos, las oenegés de Derechos Humanos, supuestamente, en la defensa de los DD.HH., han erosionado y bloqueado el papel de las fuerzas de seguridad en la defensa del Estado de derecho. La inacción de la policía nacional del Perú (PNP) y de Carabineros de Chile frente al avance del crimen organizado no solo tiene que ver con la falta de políticas estatales, sino también con la destrucción de la moral institucional. En nuestro país y en Chile si un policía abate a un delincuente, a pesar de estar respaldado por los textos constitucionales y las leyes, puede terminar en la cárcel por la politización de los magistrados.

Por ejemplo, los peruanos de buena voluntad deberían reparar en que el Perú, a pesar de todos sus problemas, mantiene su Estado de derecho solo por una razón: por la firmeza de las fuerzas armadas en la defensa de la constitucionalidad. Vale recordar que luego del golpe de Pedro Castillo, verdaderas milicias pretendieron quemar aeropuertos, bloquearon todas las vías nacionales para ahogar la producción y la economía nacionales y sitiaron bajo violencia a la capital, con el objeto de quebrar la moral nacional y que los políticos aceptaran una asamblea constituyente. En Chile, por mucho menos, los políticos se embarcaron en una constituyente que luego el pueblo rechazó.

Hoy, decenas de oficiales de las fuerzas armadas y de la PNP están judicializados por haber defendido la constitucionalidad durante el golpe fallido de Castillo. Con esta lógica es imposible detener una ola criminal que se desborda.

Asimismo, algunos magistrados del sistema de justicia, extremadamente ideologizados por la actividad de algunas oenegés, suelen liberar a las bandas criminales y cargar las tintas en contra de los oficiales de la PNP, acusándolos de uso desproporcionado de la fuerza. ¿Cómo se puede enfrentar una ola criminal en esas condiciones? Imposible.

Las oenegés de Derechos Humanos suelen destruir la moral y bloquear la acción de las fuerzas de seguridad, supuestamente, en defensa de los DDHH. Sin embargo, al poner el Estado de derecho al borde del abismo también ponen al filo del precipicio al único sistema en que se ha defendido los Derechos Humanos durante la modernidad. No hay, pues, defensa de Derechos Humanos sin Estado de derecho. Destruirlo es destruir la defensa de los DD.HH.