La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Durante un mitin en el Cusco, la lideresa de la izquierda radical, Verónika Mendoza, calificó de “usurpador” al gobierno de Dina Boluarte, convocó la insurgencia ciudadana –un derecho reconocido por la Constitución– y comenzó su campaña electoral hacia el 2026. También le restó cualquier legitimidad al actual Congreso de la República.
El pronunciamiento de Mendoza se produce en medio de la convocatoria a movilizaciones nacionales de diversos gremios de la izquierda, oenegés antisistema y una multitud de corrientes radicales que promueven el fin del gobierno de Boluarte, el adelanto de elecciones, la instalación de una asamblea constituyente y un nuevo modelo económico basado en la intervención del Estado. Sin embargo, ¿cuál es el argumento para hablar de un gobierno usurpador? ¿Acaso el gobierno de Boluarte no es producto de la aplicación de todos los procedimientos constitucionales sobre la sucesión del poder? ¿Qué sucede? ¿O acaso el resultado de la aprobación o desaprobación en las encuestas determinan la naturaleza de un gobierno?
Una de las cosas que merece llamarse la atención en el pronunciamiento de las izquierdas antisistema es el doble rasero en la valoración de la Constitución Política. Por un lado, despotrican en contra de ella y responsabilizan al texto constitucional de todos los males nacionales, demandando la instalación de una asamblea constituyente. Las baterías antisistema suelen dirigirse en contra de la democracia representativa y el modelo económico con desregulación de mercados y de precios. Según las izquierdas, la Constitución debería ser abolida; sin embargo, a la hora de desarrollar sus estrategias de asalto al poder invocan el derecho a la insurgencia ciudadana.
En otras palabras, la izquierda aplica a pie juntillas el criterio leninista acerca de que los comunistas deben utilizar la democracia para reventarla o deslegitimarla desde adentro, tal como se revela en la estrategia bolivariana en América Latina. Los regímenes autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y los demás proyectos de izquierda suelen llegar al poder utilizando todas las herramientas constitucionales para luego instalar constituyentes.
Es evidente que otro de los objetivos de los diferentes sectores de izquierda con este tipo de pronunciamientos es resucitar el protagonismo de las calles y las movilizaciones callejeras, que desembocaron en el cierre inconstitucional del Congreso por Martín Vizcarra, el golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino y, finalmente, el encumbramiento de Pedro Castillo en el poder.
Sin embargo, después del golpe fallido de Castillo y las olas de violencia insurreccional que causaron un lamentable y doloroso saldo de 60 peruanos muertos, en todo el país, y sobre todo en las provincias del sur, la violencia en general se bate en retirada. Las izquierdas han fracasado una y otra vez en sus intentos de convocar movilizaciones y protestas violentas, porque las familias y los mercados populares ..especialmente luego de la recesión del 2023– han optado por la precaria estabilidad que se han instalado en el Perú que, de una u otra manera, ha permitido el rebote de la economía sobre el 5% del PBI en abril y mayo.
Sin embargo, en medio de estas reflexiones queremos plantear una nueva aproximación. La democracia peruana no puede ser una democracia boba. Tiene que construir las herramientas para defenderse de quienes pretenden destruirla desde adentro. Por ejemplo, se podría considerar una reforma de la Constitución que no permita la participación electoral de movimientos que pretenden instalar constituyentes y desconocen los procedimientos establecidos por la Constitución para reformar total o parcialmente la Carta Política.
Asimismo, se debería considerar penas severas para quienes desarrollan rebeliones y estrategias putchistas invocando y bastardeando el derecho constitucional a la insurgencia ciudadana.
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