La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Los incendios forestales en 22 regiones y el trágico saldo de 18 peruanos fallecidos y 150 heridos por estos siniestros han desatado una extraña campaña en contra de las modificaciones de las últimas modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, desarrolladas por el actual Congreso con el objetivo de promover la formalización en el sistema de propiedad de la Amazonía.
En este portal no nos cabe la menor duda de que entre las causas de los incendios están el cambio climático y la tradicional costumbre de quemar la superficie antes de la siembra agrícola. Sin embargo, vale señalar que uno de los sectores más interesados en evitar la formalización de las propiedades de las comunidades nativas, ciudades y municipios, empresas privadas, agricultores y colonos de la Amazonía, son las economías ilegales que necesitan que la selva peruana sea una tierra nadie, una especie de Lejano Oeste sin ley y orden; el estado de cosas ideal en que pueden prosperar el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, entre otras actividades ilícitas.
Por todas estas consideraciones es necesario que el Estado, la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y los medios de comunicación investiguen la posibilidad de que algunos incendios en las 22 regiones hayan sido provocados adrede con el objeto de enfilar en contra las modificaciones de la Ley Forestal; y de otro lado, con la intención de fortalecer el discurso del ecologismo radical, que niega cualquier posibilidad de desarrollar concesiones privadas en las áreas deforestadas de la Amazonía con el fin de recuperar los bosques talados y, de esta manera, preservar los bosques naturales y las reservas ecológicas.
En Chile, por ejemplo, se determinó que gran parte de los incendios forestales que afectaron a cinco regiones del país del sur y causaron 112 muertes y centenares de desapariciones, fueron causados adrede. Se determinó que los incendios provocados, generalmente empezaban en las carreteras y vías de comunicación y se expandían hacia el interior de los bosques. Actualmente, existen tres detenidos y procesados por estos siniestros.
En el Perú las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna aprobadas en el Congreso establecen que quienes cuenten con título de propiedad o certificado de posesión de predios en la Amazonía mantendrán sus derechos siempre y cuando hayan desarrollado actividades agropecuarias recientes y que en las propiedades no existan bosques. De esta manera es incuestionable que se promueve la formalización de los predios en la Amazonía como una manera efectiva de controlar el medio ambiente y el avance de la deforestación.
Igualmente, entre las modificaciones a la Ley Forestal se establece que todas las competencias sobre bosques forestales corresponden al Ministerio de Agricultura (Midagri) y ya no el Ministerio del Ambiente, un sector con alta ideologización.
Sorprendentemente los criterios del ecologismo radical convergen con los de la minería ilegal con respecto a la formalización de los derechos de propiedad. Las posiciones ambientalistas radicales pretenden que la Amazonía se sustraiga a la economía de mercado y a la globalización del planeta, no obstante que la falta de derechos de propiedad y responsabilidades lleva a las propias comunidades nativas a participar en procesos de tala ilegal. No obstante que las migraciones de la sierra a las zonas de ceja selva han deforestado más de una décima parte de nuestros bosques forestales, y no obstante también que el narcotráfico y la minería ilegal prosperan en medio de la informalidad y la falta de derechos.
La única manera de salvar nuestros bosques forestales es creando un sistema de derechos de propiedad en la Amazonía que reconozca la realidad social actual y la reencauce hacia la protección de nuestros recursos forestales. Igualmente, la inversión privada en todas las áreas deforestadas podría recuperar bosques, generar empleo y reducir la pobreza.
No obstante que el Perú tiene 72.3 millones de hectáreas de bosque no puede competir con otros países exportadores de madera como Chile y Uruguay que no tienen bosques amazónicos.
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