¡Increíble ¡Izquierdas antisistema pretenden liderar lucha contra ola criminal!

En la autodenominada “Plataforma por la Democracia” se emitió un pronunciamiento respaldando las demandas de los transportistas que exigen políticas efectivas en contra del crimen organizado y critican las decisiones del Ejecutivo y del Congreso que, según el comunicado, ha posibilitado que el sicariato, la extorsión y el delito se imponga en la sociedad. Los firmantes del comunicado hablan de una coalición del Congreso y el Ejecutivo que debilita la lucha contra el crimen organizado.

Palabras más y palabras menos, lo que deja absorto y anonadado a cualquier observador es que entre las entidades que firman el pronunciamiento están la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Centros, la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, la Asamblea Nacional de los Pueblos, entre otras entidades. En otras palabras, se trata de las organizaciones de la izquierda progresista, neocomunista y comunista que, en las últimas décadas, se dedicó a construir narrativas y desarrollar miles de acciones para destruir y bloquear la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en supuesta defensa de los DD.HH. de los ciudadanos.

Es decir, se trata del pronunciamiento de todos los sectores que han bloqueado y destruido la acción de las fuerzas de seguridad en defensa del Estado de derecho en las últimas dos décadas y, por lo tanto, también responsables del desborde de la ola criminal en el país. ¿Cómo no se va a desbordar la ola criminal si un sector del país se dedica a demonizar el papel de soldados y policías?

Es innegable que en el avance de la ola criminal en el país, tiene directa responsabilidad el Ejecutivo por no formular políticas de Estado que movilicen a las instituciones del sistema de justicia, a las fuerzas armadas, a la PNP, a los municipios y serenazgos y al sector privado, en función de objetivos precisos. Es evidente que también en el Congreso existe responsabilidad porque no se legisla adecuadamente y se ignora la premura y la emergencia de la situación. Sin embargo, las oenegés de izquierda, sobre todo las de DD.HH., ¿acaso pueden eludir la enorme responsabilidad que tienen al haber quebrado la moral de las fuerzas de seguridad y ampliar el margen de maniobra de la delincuencia? ¿Acaso las oenegés de DD.HH. no han promovido gaseosos criterios acerca del “uso desproporcionado de la fuerza” por las fuerzas de seguridad, que han terminado con judicializaciones interminables para nuestros soldados y policías? ¿Acaso no se ha judicializado a más de 300 efectivos militares y policiales –algunos de ellos inclusive en prisión– por haber detenido las milicias que pretendían quemar aeropuertos, bloquear las carreteras para asfixiar la producción nacional y desabastecer las ciudades –luego del golpe fallido de Pedro Castillo– con el objeto de que la desesperación nacional llevará a los peruanos a aceptar una asamblea constituyente? Si el Perú hoy tiene siquiera un frágil estado de derecho y libertad es por la firmeza de nuestros soldados y policías que hoy son estigmatizados por las oenegés de DD.HH.

En el arsenal y la tecnología leninista el cinismo puede expandirse hasta tamaños siderales borrando cualquier rastro de discusión ética. Algo similar parece haber sucedido con el pronunciamiento de las oenegés de DD.HH. en defensa del paro de los transportistas. Estas organizaciones también son las causantes del problema; sin embargo, ahora pretenden liderar el paro de transportistas, luego de haber intentado convocar por todos los medios a la movilización callejera en los últimos años, cosechando el rechazo y la indiferencia de la gente.

Por todas estas consideraciones los gremios de los transportistas que protestan con buena voluntad, es decir en defensa de sus vidas y su trabajo y en contra de los errores del Ejecutivo, deberían marcar clara distancia de estas entidades que son causantes de la crisis nacional, pero que ahora pretenden liderar el descontento.