Golpe autoritario

Construyendo el escenario para la reelección conyugal.                                                                                                                                              

La alianza de centro izquierda que apuesta por la candidatura de Susana Villarán ha demostrando que tiene una clara vocación de poder hacia el 2016: El jueves por la noche aprobó el informe de la Megacomisión sobre el caso de los llamados narco-indultos y, por consiguiente, activó el mecanismos para someter a un antejuicio constitucional al ex presidente Alan García.

Gana Perú, Perú Posible, Acción Popular, el Frente Amplio y Somos Perú sumaron 53 votos con la abstención del fujimorismo. Un sector político, pues, ha decidido que se debe inhabilitar políticamente a un ex jefe de Estado por una imputación gaseosa que aquel considera una supuesta infracción constitucional. En la medida que no existe lo que se llama una tipicidad de esta figura, la definición de una infracción constitucional se establece por una mayoría, es decir por una correlación de votos en el Congreso.

En una democracia las sanciones se establecen por leyes y reglamentos preestablecidos, no hay discrecionalidad de la autoridad ni de las mayorías. ¿Se puede en el Perú establecer por mayorías y minorías que un ex jefe de Estado no debe participar en una elección nacional? Si eso sucede, entonces, no nos hemos percatado de que la democracia está siendo herida de muerte.

Aquí no vamos a defender al ex Presidente García ni al aprismo. Que se investigue todo lo que se deba investigar y se sancione todo lo que se deba sancionar. Pero de ninguna manera vamos a dejar pasar una clara maniobra que trata de construir un escenario favorable para la centro izquierda en las elecciones del 2016.

¿A qué nos referimos? Todos sabemos las enormes probabilidades que tiene Keiko Fujimori de ingresar a la segunda vuelta, pero todos sabemos también que el anti-fujimorismo es el principal partido político del país. Con la cercanía de las elecciones, la pregunta que surgirá será: ¿Quién le puede ganar a Keiko en la segunda vuelta si el fujimorismo es ahora el partido de más arraigo popular? Con García inhabilitado solo quedarían PPK y Lourdes Flores con sus debilidades estratégicas de siempre y, entonces, por allí a cualquier “liberal” o vargallosista despitado podría decir: Solo Nadine tiene la capacidad de disputarle a Keiko los sectores populares y, así, otra vez estaríamos al borde del precipicio, con el autoritarismo respirando en nuestras nucas.

¿Por qué una democracia como la peruana tiene que someterse a este tipo de especulaciones? Al oficialismo se la ha ocurrido vendernos la idea de que detrás de los llamados “narco-indultos” había una organización criminal liderada por un ex jefe de Estado. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que un jefe de Estado arme toda una organización criminal para cobrar dos mil dólares por indulto? ¡Es una barbaridad!

Pero lo lamentable de todo esto es el mensaje de intolerancia y autoritarismo que envía el bloque de centro izquierda: Estira la Constitución como un chicle para inhabilitar a García y se hace el ciego y sordo ante los millones de dólares que comprometen a Alejando Toledo en el caso Ecoteva. Si dejamos pasar esto, significa que de alguna manera estamos perdiendo nuestra capacidad de indignación.

En todo caso, el fujimorismo tiene la palabra. Después del trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente, el fujimorismo tendrá la voz dirimente en el Pleno. Keiko deberá decidir entonces si juega al poder por el poder, o a construir democracia y un partido histórico que transite el siglo XXI.