El sector privado debe financiar a los partidos políticos

Una de las causas de la crisis del sistema de partidos políticos en el Perú –al lado de la falta de una reforma ideológica y cultural, y la urgencia de una reforma del sistema electoral– está vinculada al financiamiento de los partidos políticos y al sector privado. En el Perú, el financiamiento privado a los partidos tiene límites y topes y, desde ese criterio, desde el Estado se han fomentado diversas formas de control y regulaciones. Incluso en el referendo que convocó Martín Vizcarra se acordó restringir el financiamiento privado a los partidos.

¿Cuál ha sido el resultado? La irrupción de las economías ilegales en el financiamiento de partidos políticos y movimientos regionales de aquí para allá. Lo paradójico es que las propias corrientes progresistas, que han alentado las restricciones al financiamiento privado, hoy encabezan las críticas a la presencia de los intereses de las economías ilegales en los sistemas de representación política del país. 

Vale anotar que en las democracias más longevas y que gozan de la mayor estabilidad de sus instituciones –tales como las del Reino Unido y de Estados Unidos– el financiamiento privado a los partidos no tiene restricciones siempre y cuando se materialicen de manera bancarizada y se declare ante la autoridad tributaria y ante el Estado en general. Por el contrario, el avance del progresismo en Europa ha llevado a muchos estados europeos a desarrollar sistemas de restricciones al aporte de los privados a la política. El resultado: hoy las democracias europeas, a pesar de sus fortalezas, comienzan a debilitarse de consideración.

Detrás de las posiciones de las corrientes progresistas que promueven las restricciones al financiamiento privado hay un gigantesco debate ideológico que implica concepciones sobre la democracia, el capitalismo y la naturaleza del empresariado. De alguna manera el progresismo sostiene que el capitalismo es un modelo económico que solo crea desigualdad, explotación y exclusión, sobre “la voracidad de los empresarios que acumulan riqueza sobre la explotación, la extracción de la plusvalía, de los trabajadores”. A partir de esta creencia proponen que se empodere las funciones del Estado en el financiamiento de los partidos y se controle “las estrategias e intereses de los empresarios en la política”.

Todos sabemos que las mencionadas tesis del progresismo han sido desvirtuadas por las experiencias de los expaíses de la Unión Soviética y todos los estados socialistas. Luego de las expropiaciones más impresionantes de la historia moderna, sin sector privado, sin empresarios, los países soviéticos se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza de la historia moderna.

En el Perú, los evangelios progresistas y las estrategias colectivistas, pues, nos han llevado a restringir el financiamiento privado a los partidos políticos, permitiendo la irrupción de las economías ilegales en el sistema de representación política a través de movimientos regionales e, incluso, de bancadas parlamentarias en el Legislativo. Ante esta situación, una de las reformas electorales urgentes del actual Congreso debería ser la desregulación del financiamiento privado a los partidos, mediante la bancarización y la declaración ante la autoridad tributaria y los organismos electorales, tal como sucede en los países anglosajones.

Si el sector privado no es el encargado de financiar a los partidos, ¿debería ser el Estado el gran financiador a través de los impuestos? Y, ¿qué sucede cuando el poder de turno utiliza esa prerrogativa estatal y quiebra la obligatoria imparcialidad estatal? O, ¿qué sucedería sin un gobierno como el de Pedro Castillo o un proyecto bolivariano emplea esa facultad para desaparecer a la oposición y la disidencia? En la democracia el Estado es controlado por los partidos. No es el Estado el que controla a los partidos.

Marx no se equivocaba cuando sostenía que la democracia es el régimen de la burguesía. Únicamente las sociedades que tienen economías con un sector privado abrumadoramente mayoritario –es decir, capitalistas– han construido sistemas republicanos y expanden la libertad. En Cuba y en Corea del Norte no hay democracias. Por esas razones el libre financiamiento del sector privado para los partidos es una consecuencia natural de cualquiera que pretenda defender las libertades.