El modelo y la disyuntiva de reformar o involucionar

El Perú ha llegado a una situación en que la crisis política ha comenzado a devorarse el modelo económico que multiplicó varias veces el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo. Si no se resuelve la crisis política los avances del país en las últimas décadas, inevitablemente, involucionarán hacia el estatismo y los populismos que conocemos en la región.

Votar bien en el 2026, entonces, es un asunto de primer orden. Elegir un jefe de Estado razonable, una cámara de diputados con sensatez y un Senado con sabiduría son temas cruciales para el futuro. Sobre todo considerando el grave vacío de autoridad que existe en el país, la erosión de las instituciones y el modelo económico en aprietos que nos deja la aventura de haber elegido al peor candidato en una elección nacional.

El modelo económico establecido con las reformas económicas de los años noventa y consagrado en la Constitución Política hoy, simplemente, está frenado por la manera como las izquierdas y los progresismos han desarrollado contrarreformas silenciosas. Por ejemplo, la burocratización del Estado, la multiplicación de las oficinas y aduanas y el empoderamiento de los burócratas son procesos que provienen de las narrativas progresistas que nos señalan que la empresa y los mercados crean desigualdad (explotación) y el Estado redistribuye e iguala. Este el camino progresivo de la socialización de la economía que las izquierdas ensayan en los países occidentales.

Pero no solo se trata de la burocracia, sino que la sobrerregulación es una amenaza directa a la estabilidad macroeconómica. El Estado burocrático que han creado las izquierdas y el progresismo genera un déficit estructural en la economía. Y sobre esta realidad, los gobiernos, los ministros y los congresistas suelen aumentar el gasto corriente en casi 30% anual. Bajo este esquema el Perú avanza por tercer año consecutivo a incumplir la regla fiscal, desatando la preocupación de los calificadores de riesgo sobre los grados de inversión obtenidos por el Perú.

Para entender el daño que causa la burocracia y el Estado sobrerregulado vale señalar que el país tiene 19 ministerios, de los cuales por lo menos la mitad no tiene una función real, más allá de las demandas ideológicas y consultorías de la izquierda. El Ministerio de la Mujer, el de Inclusión Social y de Ambiente consumen alrededor de S/ 3,000 millones anuales; una cifra que proyectada en diez años –con tendencia a aumentar por el incremento de las planillas– representa más de S/ 30,000 millones. Si este despilfarro del erario nacional le agregamos el hecho de que el Estado en aportes, capitalizaciones y garantías de deuda ha desembolsado a Petroperú –una empresa quebrada– alrededor de S/ 20,000 millones, tenemos la explicación exacta de por qué el déficit se descontrola y no hay salida sin reformas.

Por otro lado, el avance de la minería ilegal, la derogatoria del régimen promocional en el agro, la continuidad de la rigidez del sistema tributario y laboral, nos indican que el modelo económico comienza a ser sitiado desde diversos frentes por la continuidad de la crisis política en el país. En este contexto, la fragmentación política, la ausencia de partidos organizados y candidatos con programas no permite el surgimiento de candidatos que propongan una clara agenda de reformas.

En cualquier caso, reza el dicho popular que cuando más negra está la noche más cerca está el amanecer. El Perú ha llegado a un momento en que elegir al peor candidato de la historia ha empujado al abismo de la disolución y el fracaso a la sociedad y la economía. A los peruanos de buena voluntad solo les queda elegir bien y, sobre esa decisión, desarrollar todas las reformas institucionales y pendientes para convertirnos en un verdadero Singapur continental.

Si no avanzamos en ese camino el resultado será la involución y la destrucción, como en Venezuela.