Bagua y el estado indolente

Cinco años después, continúa la exclusión Es triste que algunos reduzcan el análisis de la tragedia de Bagua del 5 de junio del 2009 al episodio de violencia, como si se quisiera ocultar el fondo del problema que es la ausencia de un contrato social que reconozca el derecho de miles de familias indígenas pobres a beneficiarse del crecimiento económico, y la incapacidad e indolencia del Estado para encarar esta enorme inequidad. La única respuesta del Estado ha sido la aprobación apresurada de la Ley de Consulta Previa el 2011 - que en la práctica es inaplicable - y la creación de más entidades burocráticas ambientales que han entrampado los proyectos de inversión, como si impedir la llegada de capitales a esa región fuese la solución al problema. Existen, por ejemplo, 32 proyectos petroleros atrapados en esa maraña, por un total de US$ 2500 millones. Mientras tanto, cinco años después del llamado “Baguazo”, las comunidades amazónicas siguen aisladas y empobrecidas, esperando que les llegue los beneficios del crecimiento y viendo cómo la mayoría de las otras regiones vencen a la pobreza gracias al impulso de la inversión privada que ha propiciado la emergencia de nuevos y pujantes mercados. No es casual que las regiones que tienen los más altos índices de progreso económico y social sean aquellas donde hay inversiones mineras y agroindustriales. De esto son conscientes los líderes de los pueblos amazónicos. De allí que el Consejo Aguaruna Huambisa, que agrupa a los jefes de las comunidades amazónicas de Condorcanqui y Bagua, decidió hace tiempo – el 2010 – aceptar la inversión privada extractiva en sus territorios, con la única condición de mantener un trato horizontal entre las empresas extractivas y las comunidades. Otro hecho soslayado del análisis es la decisión del Consejo Aguaruna Huambisa de romper con los grupos ambientalistas y religiosos que promovieron aquella protesta, debido a que estos los engañaron al asegurarles que los dos decretos legislativos que motivaron la movilización les quitarían sus tierras y permitirían que las empresas contaminaran los ríos y arrasaran los bosques. Nada de esto era cierto, ambos dispositivos solo buscaban promover la inversión privada en la Amazonia más allá de cualquier error de metodología. De otra parte, es censurable que los mismos grupos que engañaron a los nativos el 2009 se empeñen hoy en trasladar a terceros su responsabilidad en aquella tragedia. Esos sectores exacerbaron los ánimos con mentiras propaladas por sus radios, como la versión de que la policía estaba matando y arrojando al río a centenares de nativos, falsedad que desató la furia de los indígenas que degollaron a los 12 policías desarmados y rendidos en Imazita. Las cifras fatales del “Baguazo” son hablan por sí solas: 23 policías y 10 civiles muertos. NO es verdad entonces que estemos ante una matanza de nativos, como señalan los grupos radicales, sino todo lo contrario, lo que hubo fue una masacre de peruanos con uniforme, Cinco años después, 50 nativos son los únicos que están en el banquillo de los acusados, esperando que la justicia los sentencie culpables o inocentes, mientras que quienes los azuzaron y los empujaron con mentiras a cometer tan execrables crímenes siguen en la impunidad, protegidos por el poder político, y pretendiendo culpar a otros. Pero más allá de aquellos hechos, nuestros compatriotas amazónicos siguen reclamando que el estado les reconozca su derecho a la propiedad real y efectiva sobre sus territorios, y su derecho a integrarse a la modernidad mediante un protagonismo económico, para dejar de vivir aislados y en el atraso, sin que ello suponga abandonar sus costumbres ancestrales y su cultura. Es comprensible que los radicales de izquierda que promovieron el “Baguazo” se resistan a que el estado les otorgue a nuestros indígenas derechos de propiedad verdaderos que les permitan negociar con las empresas. Ellos no quieren ver a nuestras comunidades amazónicas compartiendo ganancias con el sector privado por razones ideológicas, prefieren que sigan en estado semi salvaje, nómades y cazadores.

Lo que sí es inaceptable e incomprensible es que un estado democrático les niegue esos derechos y siga postergando indefinidamente, por falta de voluntad política, una situación injusta que condena a los pueblos amazónicos a vivir marginados y excluidos del progreso y del bienestar que avanzan en el resto del país. Ya basta de indolencia.