Educación: convergencia público-privada para salvar el año

No hay manera de superar la tragedia educativa que causa el fracaso del Estado –sobre todo luego de la pandemia del Covid–, si no es a través de la convocatoria de la sociedad y al sector privado. Como todos sabemos, dos tercios de la matrícula en la educación básica es atendida por la escuela pública mientras que un tercio permanece en el sector privado.

Sin embargo, diversos informes señalan que se producen migraciones de los colegios privados a los públicos por la crisis de la economía. En un informe de Comex se señala que, a fines del 2020, la matrícula privada pasó de 2 millones a 1.7 millones. En el 2021 las cosas deben haberse agravado. El Ministerio de Educación (Minedu) precisa que se trasladaron 337,870 estudiantes de instituciones educativas privadas a públicas. Si, de acuerdo a diversas informaciones, el 70% de los colegios públicos tiene problemas de infraestructuras, ¿cómo va a hacer el Estado para absorber esa nueva demanda?

El asunto es tan grave que la Contraloría General de la República supervisará más de 6,000 colegios públicos de primaria y secundaria a nivel nacional, para comprobar si están aptos para el retorno de los alumnos a clases presenciales o semipresenciales. Como se sabe, las clases presenciales se detuvieron en diciembre de 2019 (hace más de dos años), pues antes del inicio de clases del 2020 se produjo la pandemia de Covid-19, que obligó al confinamiento de todos los peruanos.

Los resultados de los dos años de educación virtual son absolutamente catastróficos. Según cifras del propio Ministerio de Educación (Minedu), más del 32% de alumnos no ha obtenido resultados satisfactorios en el 2020. Y solo el 43% de los estudiantes ha sido aprobado. Incluso un 44% de los estudiantes encuestados por el Minedu ha señalado que “el medio virtual utilizado para el dictado de clases es insuficiente para alcanzar un nivel adecuado”. Y cuando se ha encuestado a los profesores las opiniones han sido muy similares, pues ellos señalan que solo el 44.5% de alumnos alcanzó un nivel “regular”. 

La supervisión de los centros escolares será un operativo a nivel nacional, denominado “Buen inicio del Año Escolar 2022”. Se desarrollará del 2 al 18 de febrero, con la participación de más de 600 auditores y 3,000 monitores ciudadanos. Ellos verificarán que se cumplan las medidas de bioseguridad frente al Covid-19, que las aulas cuenten con ventilación adecuada, que la distribución de carpetas permita el distanciamiento físico, y que existan y estén en buen funcionamiento las estaciones de lavado y desinfección de manos.

En este terrible escenario el Estado debería convocar a la sociedad, a los padres de familia y al sector privado para formar una convergencia público privada para salvar la educación básica. Por ejemplo, al Estado le saldría varias veces más barato subsidiar las pensiones de los alumnos que abandonan los centros privados y, de otro lado, una política de este tipo no solo beneficiaría a las familias sino tendría un gran efecto reactivador.

Vale anotar que, según el informe “Estudio de contribución económica de la educación privada en el Perú” de Apoyo Consultoría, si se eliminará el sector privado el Estado tendría que incrementar el presupuesto del sector en S/. 20,000 millones. El aporte privado representa el 60% del PBI educativo, contrata a más de 228,000 docentes. Algo más. Según el informe de Apoyo el 73% de estudiantes de escuelas privadas corresponde a los sectores económicos C, D y E: 45% al C, 22% al D y 5% al E. 

A nuestro entender la gestión de los colegios privados debería ser replicada en gran parte por el Estado. Si hay dudas, vale recordar que en la última prueba PISA (siglas en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) los colegios privados del país por sí solos obtuvieron los puntajes más altos de América Latina.