Perú necesita un satélite de comunicaciones

En pleno siglo XXI, más de 20,000 centros poblados en el Perú siguen viviendo en aislamiento digital. Sin acceso a internet ni servicios básicos de comunicación, estas comunidades permanecen atrapadas en una pobreza estructural que se transmite de generación en generación. El Estado ha venido destinando sumas cada vez más altas para alquilar servicios satelitales, pero los resultados son decepcionantes. Ante este escenario, la compra de un satélite de comunicaciones propio ya no es un lujo ni una aspiración futurista: es una necesidad urgente y una inversión estratégica que el país puede y debe asumir.

El gasto público en telecomunicaciones satelitales está creciendo sin control. En 2020 se gastaron más de US$ 21 millones; en 2021 la cifra subió a casi US$ 35 millones, y para 2023 se proyectaron más de US$ 54 millones. Y sin embargo, solo unas 45 entidades estatales —de más de 2,000— acceden a estos servicios. La atomización de los contratos, la falta de una estrategia nacional y las tarifas escandalosamente altas, especialmente en regiones alejadas, muestran un sistema fragmentado e ineficiente. En zonas como Loreto y Ucayali se paga hasta US$ 1,600 por cada megabit por segundo, mientras que en Lima el mismo servicio cuesta una fracción de ese precio.

Frente a este despilfarro, la alternativa es evidente. Un satélite de comunicaciones moderno, de tipo HTS (High Throughput Satellite), puede costar entre US$ 100 millones y US$300 millones, dependiendo de sus características. Con lo que el Estado gasta actualmente en solo tres o cuatro años, se podría financiar la construcción, lanzamiento y operación de un satélite propio. Es decir, en lugar de seguir pagando por un servicio que nunca llega a los más necesitados, el país podría adquirir una herramienta permanente de conectividad nacional.

Pero el argumento no es solo económico. La verdadera ganancia está en el impacto estructural que tendría un satélite de comunicaciones en sectores críticos como educación, salud, seguridad y gestión pública. En el ámbito educativo, por ejemplo, miles de escuelas rurales carecen de acceso a internet, lo que limita a estudiantes y docentes a materiales obsoletos y métodos tradicionales. Con un satélite propio, se podrían transmitir contenidos digitales actualizados, clases virtuales y bibliotecas digitales a los rincones más alejados del país. Esta medida, por sí sola, tendría un efecto multiplicador en el desarrollo humano y en la reducción de brechas de desigualdad.

El sector salud también se beneficiaría enormemente. La telemedicina, aún incipiente en el Perú, podría convertirse en un servicio cotidiano y accesible. Un médico en Lima podría orientar en tiempo real a un profesional de salud en una posta médica de la Amazonía. La gestión de epidemias, las campañas de vacunación y la respuesta a emergencias sanitarias se volverían más eficientes y rápidas. En un país tan vulnerable a desastres naturales como terremotos, inundaciones o derrumbes, contar con una red de comunicaciones propia y estable es un factor clave de resiliencia.

El Estado, por su parte, necesita modernizarse y ser más transparente. Con una red satelital estatal se podría avanzar en la implementación de ventanillas únicas digitales, reducir los trámites presenciales y facilitar el acceso a servicios públicos desde cualquier punto del país. Esto también significaría un golpe directo contra la corrupción, al centralizar procesos y permitir un mayor control y fiscalización en línea. Hoy, muchos municipios firman contratos de conectividad solo por algunos meses, con tarifas infladas y resultados mediocres. La digitalización total del aparato estatal permitiría una administración más eficiente y menos vulnerable a intereses particulares.

Otro aspecto clave es la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas del Perú operan con sistemas de comunicación dispersos y dependientes de proveedores extranjeros. Un satélite propio permitiría unificar los sistemas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en una red segura y autónoma. En un contexto geopolítico cambiante y con amenazas como el crimen organizado y los desastres naturales, contar con control total sobre nuestras comunicaciones no es solo recomendable: es indispensable.

Hay países vecinos que ya han dado este paso. Brasil compró un satélite full digital a Francia en la primera década de los 2000 y paga una fracción de lo que Perú gasta por servicios mucho peores. Argentina ha desarrollado satélites propios que le han permitido reducir drásticamente sus costos y aumentar su autonomía tecnológica. ¿Qué estamos esperando?

La tecnología está disponible. Los costos, aunque significativos, son manejables y recuperables en pocos años. El beneficio económico se suma al social, al educativo, al sanitario, al institucional y al estratégico. Apostar por un satélite de comunicaciones no es un salto al vacío: es un paso firme hacia un país más conectado, más justo y más soberano.