¡La reforma laboral impostergable en el Perú!

En el Perú más del 70% de la población económicamente activa (PEA) –es decir, alrededor de 12 millones de trabajadores– está en situación de informalidad y carece de un seguro médico, de un sistema previsional y de los derechos y beneficios que reconoce la ley a los trabajadores formales. La tasa de informalidad laboral en el Perú es una de las más altas de la región, no obstante que existen diversos diagnósticos que focalizan las causas de la informalidad en el régimen laboral, el sistema tributario y la propia productividad de la economía.

Si bien es cierto que la reforma laboral no puede desligarse de la reforma del Estado burocrático y del sistema tributario –en el que se deben bajar tasas y simplificar los sistemas de recaudación– resulta incuestionable que el casi sistema de estabilidad laboral absoluta, que reproduce la filosofía y el espíritu de los fracasados países socialistas, es una de las causas principales de la informalidad.

En el año 2001 una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que el trabajador despedido en una unidad productiva podía optar entre la indemnización establecida en la ley o por la reposición en el puesto de trabajo. Semejante medida estableció una forma de estabilidad laboral absoluta que, obviamente, desalentó el empleo formal. 

La posibilidad de reponer en el puesto de trabajo ante un inevitable despido desalienta a las micro y pequeñas empresas, un sector que provee más del 80% del empleo en la sociedad, a contratar empleo formal. Es decir, el único sector que puede absorber este tipo de legislación laboral corresponde a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. He allí una de las principales radiografías de la informalidad laboral en el Perú.

El sistema mediante el cual el despido laboral permite al trabajador optar entre la reposición y la indemnización, por ejemplo, es el modelo laboral del Estado Plurinacional que organizó el MAS y Evo Morales, y que llevó a la debacle de la economía nacional en Bolivia. En otras palabras, es un modelo abiertamente anti inversión privada, abiertamente anti empresarial, porque asume el concepto de que el puesto de trabajo existe al margen de la productividad y la rentabilidad de las unidades económicas.

El modelo económico peruano, pues, una vez más es una forma de esquizofrenia que contradice el régimen económico de la Constitución. Un sistema económico desregulado que establece la libertad de precios y mercados, un Estado que cumple un papel subsidiario frente al sector privado, un sistema que respeta la propiedad privada y los contratos y que, sin embargo, acepta que los puestos de trabajo pueden crearse por sentencias judiciales o por la voluntad de los trabajadores. Es evidente que ante la disyuntiva de reposición en indemnización, los trabajadores optarán por la estabilidad, y es evidente también que las empresas más pequeñas –es decir, la mayoría absoluta de la sociedad– se refugiará en la informalidad laboral.

Los países que establecen la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo –es decir, las sociedades que consideran que un puesto de trabajo depende de la rentabilidad y la productividad de las empresas– son los que han alcanzado el desarrollo y el pleno empleo. En casi todos los países nórdicos, por ejemplo, se han establecido sistemas de flexibilidad laboral junto a grandes políticas de seguridad social. Algo parecido sucede en los llamados Tigres de Asia y en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Las legislaciones laborales que establecen la plena flexibilidad laboral promueven la inversión privada y la innovación, creando situaciones de pleno empleo. En estas realidades el trabajador se convierte en dueño de su vida y su destino, a tal punto que la oferta masiva de trabajo le permite decidir con quién y a qué hora trabajar.