La ley de promoción agraria y el despegue del país

Diversas aproximaciones de peruanos de buena voluntad han señalado con claridad que ante la guerra comercial que afecta al planeta, el Perú solo tiene un camino posible: reformar su economía y aumentar su productividad y competitividad. No hay otra posibilidad.

El incremento de la productividad es la condición para diversificar los mercados de nuestras exportaciones y multiplicar las inversiones. En ese contexto debe discutirse la importancia de la agricultura y las agroexportaciones en general para el crecimiento de la economía, la diversificación productiva, la innovación tecnológica y biológica en el sector y el desarrollo de millones de empleos formales entre directos e indirectos.

La idea general de incrementar la productividad en el agro pasa por recordar los efectos benéficos de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) durante las últimas dos décadas, una ley que fue derogada por el gobierno provisional de Sagasti: sobre la base de un régimen tributario promocional y un régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, nuestras agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones en la actualidad; se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y el empleo formal se multiplicó de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 a más de un millón hoy en día. Algo más. La pobreza en las regiones agrarias bajó muy debajo del promedio nacional, tal como sucede en Ica en donde la pobreza se sitúa en 6% de la población mientras a nivel nacional se acerca al 30%.

Sin embargo, si al lado de los resultados económicos que produjo la derogada ley de promoción agraria, evaluamos las potencialidades del sector agrario, de una u otra manera, el crecimiento y el desarrollo del sector se convierte en sinónimo del desarrollo del país.

Por ejemplo, el milagro agroexportador de las últimas dos décadas –bajo el imperio de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la ley de promoción agraria derogada– se desarrolló en apenas 250,000 hectáreas ganadas al desierto. El Perú a través de diversos proyectos hídricos tienen la posibilidad de ganar un millón de hectáreas más al desierto. Es decir, cuatro veces más la extensión de las tierras dedicadas a la agroexportación. ¿Qué significa esa posibilidad? De alguna forma estaríamos hablando de la posibilidad de generar cuatro millones de empleos formales, entre directos e indirectos, y de la necesidad de captar más de US$ 60,000 millones en inversiones para desarrollar las infraestructuras hídricas en las hectáreas ganadas al desierto.

El desarrollo del potencial agroexportador del Perú diversificaría la economía nacional como nunca antes: la necesidad de manufacturas, tecnologías y servicios para atender el desarrollo de los fundos. Incluso la necesidad de digitalizar el control y los procesos de producción. Por otro lado, el desarrollo de nuestra potencia agraria obligaría a las universidades, facultades e institutos a focalizarse en los temas de agronomía para desarrollar innovaciones en ciencia y tecnología.

Algo más. El desarrollo de nuestro potencial agroexportador impulsaría un proceso de migración inversa desde Lima y las ciudades de la costa hacia nuevas ciudades intermedias ubicadas en las cercanías de las zonas y regiones agroexportadoras. Es evidente que todo el proceso de revolución social que desencadenaría el desarrollo de todo nuestro potencial agroexportador debe basarse en la economía de mercado y la inversión privada. Sin embargo, el Estado no puede estar ausente porque tiene responsabilidad en la generación de las infraestructuras hídricas, a través de asociaciones público privadas, y la planificación del desarrollo de nuevas ciudades intermedias para evitar el caos urbano de hoy.

En cualquier caso, es evidente, incuestionable, que el Perú necesita con urgencia una nueva ley de promoción agraria. El Congreso debe aprobarla ya.