La estabilidad laboral: ¡Un dinosaurio en el siglo XXI!

Según diversos rankings el Perú es uno de los diez países con mayor sobrerregulación laboral en el mundo, y también con una de las informalidades en el trabajo más altas, considerando que la economía nacional es una de ingreso medio. Algo está extremadamente mal y el Ejecutivo, el Congreso y los políticos no se dan por enterados. En el país solo uno de cada cuatro trabajadores es formal, tiene algún seguro de salud y participa de un sistema previsional.

Es evidente que a esta situación contribuye la baja productividad de la economía y las empresas –régimen tributario inviable y burocratización general del Estado–; sin embargo, la legislación laboral es determinante en la informalidad y la baja productividad de las empresas. ¿Por qué? En el Perú no existe la libertad de contratar y cancelar la relación laboral de acuerdo con la productividad de las empresas tal como sucede en todos los países desarrollados que logran alcanzar situaciones de pleno empleo. En el año 2001 una resolución del Tribunal Constitucional estableció que el trabajador despedido tiene derecho a solicitar la reposición en el puesto de trabajo, en vez de una indemnización.

Semejante decisión alteró el espíritu general de la Constitución, que busca la mayor libertad entre los actores económicos. A partir de esa decisión la idea de una estabilidad laboral absoluta se instaló en el país, y cualquier esfuerzo reformador en la legislación laboral siempre representa un intento frustrado. Ningún gobierno anterior al de Pedro Castillo se propuso reformar el sistema laboral, a sabiendas de lo que representa la estabilidad laboral como enemigo central del empleo, la productividad y la lucha contra la pobreza.

Finalmente llegó el gobierno de Pedro Castillo, que se propuso colectivizar las relaciones laborales a través de la llamada “Agenda 19”, que planteaba un sistema laboral basado en negociaciones permanentes de sindicatos por empresa, ramas e, incluso, grupos económicos. En otras palabras, que proponía eliminar cualquier resquicio de libertad económica. Sin embargo, el gobierno de Castillo nos dejó los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral, promueven la sindicalización y negociación colectiva artificiales y establecen el libertinaje en el derecho de huelga.

Vale señalar que, antes de Castillo, el gobierno provisional de Francisco Sagasti derogó la mejor ley económica de nuestra historia republicana, la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria que, en apenas dos décadas, posibilitó la multiplicación de nuestras agroexportaciones de US$ 651 millones hasta más de US$ 12,000 millones de la actualidad.

A pesar del golpe fallido de Castillo, a pesar de que el progresismo destructivo está en retirada, nadie se atreve a avanzar en contra de las derogatorias y decretos que perpetraron las izquierdas en los últimos años. ¿Por qué? Parece evidente que todos los sectores políticos –incluidas las derechas– participan del relato acerca de que “los empresarios se dedican a extraer la plusvalía, a explotar a los trabajadores, mientras los trabajadores crean la riqueza social”. Una teoría del marxismo que resulta delirante luego del derrumbe de los ex países de la Unión Soviética.

Los peruanos de buena voluntad deben entender que el otro rostro de la estabilidad laboral es la empresa estatal, es el proceso de nacionalización y colectivización de la propiedad privada. ¿Cómo puede haber estabilidad laboral en una empresa privada que para pagar salarios depende de la productividad, de la rentabilidad que consigue en los mercados? Cuando el Estado interviene en las relaciones laborales el empleo y la inversión se desploman. 

Por ejemplo, luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria se promulgó la Ley 31110, que establece el bono especial del trabajador agrario (BETA): el salario agrario debe estar un 30% por encima de la remuneración mínima vital nacional. El resultado: el empleo formal se desploma en el único sector donde la formalidad creció en las últimas dos décadas.

Sin reforma en la legislación laboral todas las demás reformas de la economía y la sociedad estarán entre interrogantes.  Asimismo, sin plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo será imposible siquiera imaginar que las economías, las ciencias y tecnologías de la IV Revolución Industrial se desarrollen en el país. A todas luces la estabilidad laboral es un dinosaurio en el siglo XXI.