La destrucción del sector privado en camino

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, es un hito en el proceso de destrucción del sector privado que empezaron el Ejecutivo y el Congreso desde que se desatara la pandemia y se estableciera el estado de emergencia. Una de las mejores leyes económicas de las últimas dos décadas, preservada por cuatro ejecutivos y legislativos elegidos democráticamente y que explica uno de los milagros agroexportadores del planeta, fue derogada como si se tratara de un reglamento de una junta vecinal. El motivo: menos de 3,000 personas bloquearon la Panamericana Sur y atacaron la propiedad privada y pública en Ica. Las instituciones republicanas, entonces, se disolvieron y aceptaron la anarquía de las minorías radicales.

Una de las cosas que deja impresionado a cualquiera es la manera cómo la llamada oposición se pone de costado frente al proceso de destrucción del sector privado. La defensa de la Ley de Promoción Agraria se redujo a voces solitarias. Los sectores que defienden el equilibrio de poderes y la posibilidad de elecciones transparentes en el 2021 deberían entender que si el sector privado es mayoritario en una economía no solo se garantiza el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, sino también, y sobre todo, se aleja la posibilidad de que un caudillo, un partido o una nomenclatura, concentre el poder político y económico. Cuando un proyecto autoritario concentra el poder político y económico, generalmente, suele perpetuarse en la conducción del Estado por varias décadas.

Durante la administración Vizcarra, el Frente Amplio y las corrientes colectivistas condujeron el Estado a través del Gabinete Zeballos: la economía se cerró con criterios medievales, se multiplicaron los protocolos para ahorcar al sector privado con el argumento de la pandemia, se formalizó a las plataformas antimineras del sur del Perú, se promulgó un decreto de urgencia que estableció el control de precios indirectos en la educación, se demonizó injustamente a las farmacias (que solo atienden el 20% de la demanda) y se hizo el gambito de estatizar a las clínicas privadas (que solo atienden el 5% de las prestaciones). 

El Congreso también comenzó su largo camino de destrucción del sector privado: se suspendió temporalmente el cobro de los peajes –violando la Constitución, las leyes y los tratados internacionales– y se empezó un camino tortuoso de destrucción del sistema privado de pensiones, con una serie de normas que autorizan retiros. Finalmente, la demagogia rebalsó con la ley que autoriza la devolución de los aportes de la ONP, que podrían significar un gasto de S/ 16,000 millones en un momento en que el déficit fiscal se acerca al 10% del PBI y el endeudamiento público se aproxima al 40% del PBI.

Es decir, el Ejecutivo y el Congreso han forcejeado para demostrar qué institución hace más gala de demagogia y populismo. El caso de la derogatoria de Ley de Promoción Agraria entonces es la gota que no sabemos si rebalsará el vaso en uno u otro sentido. La manera como actúan el Ejecutivo y el Congreso es de una extrema irresponsabilidad. Ambos poderes ignoran que el sector privado financia el 80% de los ingresos del Estado y provee el 80% de los empleos en la sociedad.

Si las cosas en el Perú no funcionan es porque el Estado, es decir los burócratas que promueven las sobrerregulaciones y la asfixia del sector privado, no han cumplido con redistribuir la renta que se cobra a las empresas privadas. La recaudación tributaria del Estado no se expresa en carreteras, postas médicas, escuelas y una lucha eficaz de la Sunafil –del sector Trabajo– contra la informalidad, habida cuenta de que solo se dedica acosar a las empresas formales, tal como acaba de suceder en el sector agrario.

Nunca es demasiado tarde para reaccionar en defensa del sistema republicano y la economía de mercado. No permitamos que la dictadura de las minorías radicales derrote a la República y destruya el modelo económico que ha posibilitado reducir la pobreza como nunca antes en toda la historia del país.