¡Increíble! ¡Congreso se resiste a aprobar Ley de Promoción Agraria!

En el pleno del Congreso las bancadas de izquierda, con la complicidad de algunas de la derecha, decidieron enviar a comisiones el dictamen sobre el nuevo régimen promocional agrario que estaba listo para ser sancionado por el pleno. Semejante decisión, en medio de la guerra comercial que se ha desatado en el planeta y el arancel del 10% que deberán sortear las agroexportaciones peruanas para ingresar al mercado de Estados Unidos, expresa con absoluta claridad que algunos prefieren la ideología antes que la lucha contra la pobreza y otros no se atreven a librarse del yugo populista que teñirá la próxima campaña electoral.

Como se sabe existe un dictamen de la Comisión de Economía que propone establecer un régimen promocional tributario para el agro con objeto de formalizar y capitalizar a los más de dos millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura y multiplicar inversiones y reinversiones en el sector moderno de las agroexportaciones. El proyecto propone que los agricultores que vendan menos de S/ 154,300 (30 UIT) no paguen impuestos, mientras que los pequeños agricultores que vendan S/ 721,000 (110 UIT) abonen hasta el 1% en renta. El proyecto plantea 15% de renta para el régimen general entre el 2025 y el 2035 y establece créditos tributarios por reinversión, compra de nueva maquinaria, investigaciones, desarrollo tecnológico y capacitación. Asimismo, se propone depreciación acelerada y devolución del IGV.   

Todos los peruanos de buena voluntad, todos los entendidos en economía y agroexportaciones han señalado que, ante la guerra comercial en el planeta, y ante los nuevos aranceles generales para comerciar con el gran mercado de los Estados Unidos, el único camino que tenemos es reformar la economía nacional para incrementar la productividad y la competitividad. De lo contrario, la economía nacional será duramente golpeada.

Si bien es cierto que el país necesita eliminar las barreras para arancelarias que explican el incremento del 10% en aranceles en Estados Unidos (moratoria de transgénicos y barreras fitosanitarias, por ejemplo) la clave está en incrementar la productividad y la competitividad. Un régimen tributario promocional sobre la base del 15% en renta es clave para devolver recursos al sector y fomentar la reinversión permanente, tal como sucedió con la anterior Ley de Promoción Agraria que fue derogada por el progresismo y las izquierdas. Vale recordar que antes que se derogara la mencionada norma se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se producía una reinversión permanente en el sector.

En cualquier caso, antes de la derogatoria la discusión se focalizaba en si el régimen promocional del agro (15% en renta y flexibilidad laboral) se extendía a toda la economía y la sociedad para lanzar un shock formalizador en el país. La derogatoria nos devolvió al debate en si era necesario o no una ley de promoción para el sector.

Al respecto vale recordar que, con la anterior ley de Promoción Agraria y la protección de la Constitución y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país, las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones en la actualidad y el empleo formal se multiplicó de 460,000 empleos –entre directos e indirectos– a más de un millón hoy en día. Una de las claves del crecimiento del empleo formal fue el régimen de flexibilidad laboral que se establecía en los contratos de trabajo y que posibilitaba contratar –a algunas empresas– entre 10,000 a 20,000 trabajadores por campaña de siembra, mantenimiento y cosecha.

En el nuevo dictamen sobre la ley de promoción agraria no se recupera el régimen de flexibilidad laboral que se derogó durante el gobierno provisional de Sagasti. Es decir, es conservador con respecto a los cambios en esta área. En este contexto, ¿cómo entender la negativa de las bancadas a aprobar la nueva propuesta de ley de promoción agraria?