Guerra comercial dispara precio del oro, ¿avanzará la minería ilegal en Perú

Según algunas agencias especializadas el precio de la onza de oro podría alcanzar los US$ 4,000 a mediados del 2026, en medio de la guerra comercial y la redefinición del comercio mundial que han desatado las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. Semejante tendencia se explica por la desconfianza de los mercados en el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, situación que convierte al oro en un commodity de refugio. Tales pronósticos sobre la evolución del precio de la onza de oro provienen de Goldman Sachs y han sido difundidas por Bloomberg.

¿Qué puede significar esta tendencia alcista en el precio del oro para Perú, considerando que es el país con la octava mayor reserva probada en este metal, pero con altos niveles de ilegalidad en la explotación del mineral? ¿Qué puede representar semejante tendencia alcista del oro para un país con Estado de derecho extremadamente frágil y con la mayoría de sus instituciones neutralizadas en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, en donde el avance de la minería ilegal parece indetenible?

Algo más. Vale señalar que según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el país se ha convertido en el epicentro de la minería ilegal en la región. Se sostiene que alrededor del 44% del oro que el Perú exporta es de origen ilegal, una cantidad superior a lo exportado ilegalmente por Colombia, Ecuador y Venezuela. En este contexto, y ante el incremento de oro ilegal, cada vez se exporta menos a Estados Unidos y Suiza, mientras que se incrementan los envíos a la India y Arabia Saudita.

Cabe anotar que la minería ilegal aurífera en el Perú se ha extendido a cinco regiones y ya afecta a más de 20 ríos de la Amazonía. Y si al avance de la minería ilegal le agregamos el desarrollo de la minería ilegal en cobre, sobre todo en el llamado corredor vial del sur, entonces es evidente que la minería ilegal se ha convertido en una real amenaza para el Estado de derecho y las instituciones en general.

Se calcula que de un total de US$ 12,000 millones que movilizan las economías ilegales en el Perú, más de US$ 6,000 millones corresponden a la minería ilegal. En este contexto, no es una exageración sostener que la minería ilegal ahora moviliza más recursos y dinero que el narcotráfico, economía ilegal que era la más letal para la sociedad y el sistema democrático unos años atrás. 

En ese sentido, en Pataz la minería ilegal ha desarrollado un propio brazo armado en alianza con bandas criminales internacionales para imponer su control territorial y doblegar el Estado de derecho. A pesar del Estado de emergencia en Pataz –que establece la presencia directa de las fuerzas armadas y la convergencia del Ejecutivo, el gobierno regional, la policía nacional del Perú (PNP) y las instituciones de sistema de justicia– los pistoleros de la minería ilegal ya han asesinado a 21 trabajadores de las empresas mineras formales y han derribado 16 torres de energía eléctrica.

Asimismo, desde la minería ilegal se desarrolla una narrativa que, supuestamente, pretende defender al “pequeño minero del abuso y la exclusión de las grandes empresas”. Igualmente se financia y se promueven movimientos políticos subnacionales y bancadas parlamentarias, dejando en evidencia que esta economía ilegal se ha convertido en una de las peores amenazas para el Estado de derecho.

Por todas estas consideraciones el Ejecutivo y el Legislativo deben entender que no se puede jugar a la demagogia y a la estrategia política para captar votos con la minería ilegal.