En defensa del actual sistema de propiedad en minería

La ola populista que consume al Ejecutivo y a la mayoría de las bancadas del Congreso, y que pone en jaque la estabilidad fiscal por tercer año consecutivo con los rescates perpetuos de Petroperú y la aprobación de la cédula viva para 162,000 maestros jubilados, que ha destruido el sistema privado de pensiones a través del octavo retiro y que nos deja un país sin pensiones, de una u otra manera, también podría acabar con el sistema de propiedad de minería en el Perú. 

¿A qué nos referimos? Con el pretexto de aprobar una nueva Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley Mape) se buscaría aprobar el llamado criterio de “las concesiones ociosas” con el objeto de legalizar las invasiones y asaltos de las concesiones formales. Para explicar esta afirmación vale señalar que las concesiones mineras formales en el Perú abarcan el 14% del territorio nacional (alrededor de 19 millones de hectáreas de superficie concesionada) según los datos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (Ingemet). Es decir, en el Perú sobra superficie en abundancia para desarrollar minería. Sin embargo, los conflictos con la minería ilegal se desarrollan en el 10% del área concesionada a las corporaciones y compañías formales.

El asunto se complica en extremo cuando se repara la naturaleza de una concesión formal. En el Perú el promedio de las concesiones formales es de 10,000 hectáreas. ¿Por qué esa extensión? Cuando una empresa registra un área de reservas probadas de un determinado mineral solicita la concesión con la extensión indicada líneas arriba, con el objeto de alargar la vida útil de la mina e incrementar la rentabilidad del proyecto. 

Con el título de la concesión la empresa acude al sistema financiero internacional, donde solicita montos que van entre los US$ 1200 millones y los US$ 10,000 millones (ninguna empresa formal tendría en caja esa cantidad). Luego de conseguido el financiamiento la corporación empieza a explotar el mineral en el área de reservas probadas, mientras desarrolla una incesante labor de exploración en toda la concesión con el objeto de incrementar las reservas probadas. De esta manera la corporación prolonga la vida útil del proyecto y luego de pagar la deuda multiplica la rentabilidad de la compañía con la explotación de los nuevos hallazgos desarrollados en la labor de exploración.

Bajo la lógica de incrementar la rentabilidad de la empresa los países se benefician con el aumento de la producción del mineral. Bajo este modelo se beneficia el gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las comunidades. Con este modelo de propiedad e inversión han surgido todas las potencias mineras del planeta como Canadá, Australia, Chile y el propio Perú.

Con el actual sistema de propiedad en minería el Perú ha captado más de US$ 60,000 millones en inversiones, aporta alrededor de S/. 6,000 millones a los gobiernos subnacionales y crea alrededor de 250,000 empleos directos y más de 1.5 millones de empleos indirectos. Y, sin lugar a duda, las transformaciones económicas y sociales del país de las últimas décadas no se explicarían sin el aporte de la minería moderna.

¿Qué sucedería entonces si se aprueba el concepto de las concesiones ociosas? Se legalizaría, por ejemplo, la invasión de mineros ilegales en el tajo Sulfobamba de Las Bambas –una inversión de más de US$ 10,000 millones– y se promoverían las invasiones de mineros ilegales en más de siete regiones en el país. En otras palabras, se comenzaría a liquidar la minería moderna, la economía de mercado y el Estado de derecho.

¿Cómo se puede hablar de concesiones ociosas si sobran tierras y regiones para solicitar concesiones? ¿Cómo se puede hablar de concesiones ociosas si las empresas formales se dedican a explotar el mineral, mientras exploran incesantemente con el objeto de alcanzar rentabilidad luego de pagar sus deudas en el sistema financiero internacional?

Si el Congreso aprueba esta barbarie en contra de la minería moderna, entonces, los proyectos antisistema habrán ganado sin necesidad de llegar al poder.