Eliminar los services en la agroexportación

Una de las causas de la violencia en Ica –junto a los piquetes de comunistas y radicales, y la parálisis general de la Policía Nacional del Perú (PNP)–, es la existencia de “services de recursos humanos”, creadas para violar la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, que establece beneficios y derechos para los trabajadores, beneficios que hoy incluso superan a los del régimen general laboral, que suelen defender el comunismo y la CGTP.

Sucede que estas services contratan a trabajadores temporales por jornales diarios que, en promedio, llegan a S/ 35, mientras que el promedio de ingresos en las empresas que desarrollan contratos formales, de acuerdo a la Ley de Promoción Agraria, sobrepasa los S/ 60 soles. Los llamados “services del campo” entonces han sido creados para violar la Ley de Promoción Agraria, ante la indolencia de la Sunafil (entidad del Ministerio de Trabajo). Sin embargo, la Sunafil en vez de dedicarse a fiscalizar a las empresas informales que desarrollan contratos extralegales suele dedicarse a molestar a las empresas formales.

La idea de enganchadores de contratos informales en la agroexportación, en el acto, evoca a las mafias que se han apoderado de la construcción civil y que han sembrado de violencia una actividad esencial para la economía. En ese contexto, el Congreso debería discutir qué normas deben dictarse para eliminar los services y qué medidas debe asumir el Estado para avanzar en la formalización de las empresas y fortalecer el papel fiscalizador del Estado sobre los contratos informales.

Pero de ninguna manera se debe aceptar el chantaje y la propaganda comunista que pretenden derogar la Ley de Promoción Agraria, la única norma laboral en el Perú que, en las últimas dos décadas, ha avanzado en formalizar el empleo. Una sola cifra gruesa demuestra esta afirmación: mientras en el régimen general laboral la informalidad sobrepasa el 72% de los trabajadores, en el sector agroexportador la informalidad oscila –dependiendo de las regiones agroexportadoras– entre el 50% y el 44%. De otro lado, el ingreso promedio de un trabajador agrario está en S/ 1500 mensuales; y si bien el sueldo agrario incluye la CTS y las gratificaciones, el resultado es superior a los ingresos de un trabajador del régimen general que gana sueldo mínimo y recibe beneficios adicionales. La campaña comunista contra la Ley de Promoción Agraria está repleta de mentiras.

Las cifras sobre la formalización del empleo –bajo el marco legal de la Ley N° 27360– en el agro son incuestionables: desde la vigencia de la mencionada norma se ha beneficiado a 800,000 peruanos con empleo formal. De otro lado hay un total de más de 8,000 empresas vinculadas a la agroexportación, y más del 80% de ellas son pymes.

En términos laborales, entonces, la Ley de Promoción Agraria es el único régimen viable que ha existido en las últimas dos décadas. Por eso debería convertirse en la base de una reforma laboral general. ¿Cuál es la clave? La flexibilidad laboral para contratar de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, cosecha y mantenimiento. Si bien los contratos se extinguen con la estacionalidad de las actividades hay tanta oferta de empleo en las regiones agroexportadoras que el trabajador –al igual que en Estados Unidos u otros países con flexibilidad laboral– se convierte en el dueño de la decisión sobre en qué empresa trabajar. Y si es calificado en determinada actividad, sus ingresos crecen considerablemente.

De otro lado, la agroexportación es uno de los sectores que seguirá creciendo en el 2020, pese a la megarrecesión económica en el país y la contracción mundial. El motivo: la constante reinversión de utilidades. En el 2019 las empresas distribuyeron alrededor de US$ 22,000 millones de utilidades. En el sector agroexportador, por el contrario, se siguió reinvirtiendo gracias al régimen tributario especial, que ha posibilitado incrementar las agroexportaciones de US$ 650 millones a US$ 7,000 millones.

La campaña comunista contra la Ley de Promoción Agraria tiene un objetivo clarísimo: detener el crecimiento y el bienestar que desata la agroexportación y aumentar el número de pobres, porque es la única manera de que la población desesperada escuche y preste atención a la prédica colectivista.