El déficit se descontrola en el Perú

El Consejo Fiscal acaba de alertar que entre el 2021 y el 2025 el Legislativo sancionó más de 100 leyes que representan S/ 36,000 millones de gasto para el fisco. Asimismo, la señalada entidad advirtió que, en la actualidad, existen más de 352 leyes que se tramitan en el Congreso y algunas de ellas sumarían alrededor de US$ 25,000 millones en gastos; y que en el periodo 2021-2016 se han aprobado normas que impulsan el gasto público y la reducción de ingresos fiscales en más de tres veces que todo lo sancionado en los últimos 15 años. 

Es evidente que esta tendencia se presenta, sobre todo, en el incremento del gasto corriente, particularmente en el asunto de las planillas. Allí están la cédula viva aprobada para 162,000 profesores jubilados que suma alrededor de S/ 5,670 millones anuales, el nombramiento de profesores, el tratamiento populista de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

De continuar esta tendencia es incuestionable que una de las columnas del modelo económico –es decir, la estabilidad fiscal de la macroeconomía– entrará en cuestión y, en el mediano plazo, el Perú estará obligado a incrementar su deuda pública –la más baja de la región, que suma 32.7% del PBI– y, de una u otra manera, entrará en la trampa de los países que administran sus modelos de sustitución de importaciones. En Brasil, Argentina y Bolivia la deuda pública sobrepasa el 70% del PBI porque el endeudamiento es la única manera de financiar el gasto público descontrolado (planillas, subsidios).

Algo así no puede suceder en el Perú. El asunto se pone, como se dice, color de hormiga, considerando que el país era uno de los campeones mundiales en el manejo de esta variable. Antes de la pandemia el promedio del déficit fiscal era del 1% del PBI. Sin embargo, desde la llegada al poder de Pedro Castillo y la sucesión constitucional de Dina Boluarte el asunto se ha descontrolado. En el 2023 se proyectó un déficit de 2.4% del PBI; sin embargo, al cierre presupuestal este llegó al 2.8%. Para el 2024 se planeó un déficit de 2% del PBI, pero luego el Ejecutivo incrementó la cifra a 2.8%. Sin embargo, se cerró en 3.6% del PBI.

Por todo lo informado por el Consejo Fiscal parece inevitable que el Perú avance a un tercer año consecutivo de incumplimiento de la regla fiscal por el populismo desatado en las bancadas del Legislativo, un populismo alimentado por la voluntad de reelegirse de algunos representantes.

En este sentido, una de las grandes tareas de la administración provisional de José Jerí es devolver al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el papel rector e, incluso, pedagógico que tenía en el manejo de la macroeconomía nacional. Por ejemplo, las informaciones pertinentes que presenta el Consejo Fiscal deberían formar parte de las explicaciones y acciones del MEF, tal como sucedía en años anteriores. Igualmente, el MEF debe estar en capacidad de convencer a todo el Ejecutivo para observar las leyes que pretenden dinamitar la estabilidad fiscal y ponen en peligro el futuro de las próximas generaciones de peruanos.

Sin embargo, en este portal siempre hemos sostenido que, a la base de esta nueva lógica irresponsable del descontrol fiscal, está el surgimiento de un Estado burocrático que, desde el gobierno de Ollanta Humala, comenzó a incrementar el número de ministerios, oficinas aduanas y sobrerregulaciones del Estado. Un proceso que, inevitablemente, tiene que desembocar en el aumento del gasto corriente en el país.

El Perú, entonces, debe prepararse para un nuevo ajuste, tal como sucedió con las reformas de los noventa que cancelaron el Estado empresario. La nueva ola de reformas que requiere el Perú para relanzar su economía pasan, entonces, por el fin del Estado burocrático.