En el pleno del Congreso las bancadas de izquierda, con la com...
En medio de la guerra comercial que se ha desatado en el planeta es incuestionable e impostergable que el Perú gane en productividad y competitividad para sortear el cambio de las reglas en el comercio internacional. En ese sentido el Perú necesita avanzar en reformas estructurales que incrementen nuestra capacidad de producir más, pero con los mismos factores invertidos en capital y trabajo. Y la única forma de avanzar por esa ruta es desarrollando una reforma tributaria que posibilite reducir impuestos y simplificar el cobro de los mismos, y una reforma laboral para lanzar un shock de formalización en las empresas y el trabajo. Sin embargo, estos objetivos nunca serán posibles si es que no desmontamos el Estado burocrático que, a través del gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas, consume un tercio del PBI nacional que suma más de US$ 260,000 millones.
El fin de la burocracia y de las sobrerregulaciones en los procedimientos en el Estado parecen ser las dos caras de una misma moneda y el punto de partida de las demás reformas vinculadas a la transformación de la educación, el sistema de salud, y la solución de las brechas de infraestructuras. Sin embargo, ese universo de reformas requiere un nuevo gobierno y una nueva autoridad política que solo se ganará con la instalación del nuevo gobierno en el 2026.
¿Acaso esta constatación significa que debemos renunciar a cualquier tipo de reforma? De ninguna manera. Durante las últimas dos décadas, junto a la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, la ley de Promoción Agraria, Ley 27360, se convirtieron en las columnas legales e institucionales sobre las cuales despegó el boom agroexportador del país que sorprendió al planeta. En apenas el 5% de la superficie agrícola del territorio –sobre todo tierras ganadas al desierto– las agroexportaciones se multiplicaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones en la actualidad; se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y el empleo formal se expandió de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 hasta más de un millón de la actualidad. La pobreza bajó muy por debajo del promedio nacional: en Ica llega a 6% de la población en tanto que a nivel nacional suma cerca del 30%.
El boom agroexportador y el proceso de reducción de pobreza eran tan contundentes bajo este marco legal que comenzó una intensa discusión para extender el régimen tributario de 15% en renta y el sistema laboral basado en la flexibilidad de los contratos de trabajo a toda la economía nacional como una manera de relanzar el modelo económico que comenzaba a lentificarse. Sin embargo, sobrevino una tragedia: el gobierno provisional de Francisco Sagasti derogó la Ley de Promoción Agraria y el milagro agroexportador se detuvo en inversiones y aumento de exportaciones (por toneladas), más allá del incremento nominal de los envíos por factores de precios.
En ese sentido, existe un dictamen en el Legislativo que propone un nuevo régimen promocional tributario, más allá de no pronunciarse sobre la necesidad de recuperar la flexibilidad en los contratos de trabajo. El mencionado dictamen propone que no paguen impuestos los agricultores que vendan hasta S/ 154,300 (30 UIT), que las pequeñas unidades que vendan hasta S/ 721,000 (110 UIT) paguen el 1% en renta y para el régimen general se plantea 15% en renta entre el 2025 y el 2035 y créditos tributarios por reinversión, compra de nuevas maquinarias, investigaciones, desarrollo tecnológico y capacitación.
Sin embargo, la semana pasada la izquierda logró que el dictamen no se discutiera ni aprobara en el pleno y el texto se devolviera a comisiones como si el gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre continuara en el poder. ¿Acaso el Perú renuncia a una reforma mínima antes del cambio de gobierno?
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