El Perú es una economía de ingreso medio –tal como...
El Ejecutivo y el sector Energía y Minas acaban de tomar una primera decisión en contra de la minería ilegal, que desata la violencia y se alía con el crimen organizado. Se ha suspendido a 50,000 mineros que tenían sus registros en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en calidad de suspendidos desde cuatro años atrás. Desde esa fecha un decreto supremo estableció qué unidades de pequeña minería estaban en calidad de suspendidos y cuáles estaban en calidad de vigentes.
Luego de esta decisión el Ejecutivo tiene el reto de avanzar en la formalización hasta fin de año de los más de 30,000 mineros que tienen sus registros vigentes, más allá de los expedientes paralizados en los gobiernos regionales y los problemas sociales que, seguramente, se presentarán por acción de la llamada Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Cofemin).
Apenas se conoció de la decisión del Ejecutivo de iniciar acciones en contra de la minería ilegal diversos sectores de pequeños mineros tomaron tramos de la Panamericana Sur y de la Panamericana Norte, incluso, de vías hacia la sierra norte, con el objeto de interrumpir el libre tránsito en estas arterias. Igualmente marcharon y se concentraron frente al Congreso. El objetivo era evidente: presionar al Ejecutivo y al Congreso para revertir la decisión de excluir a más de 50,000 registros del Reinfo suspendidos. Si el Gobierno retrocede habrá abierto las puertas de la anarquía generalizada en el sector minero.
¿Por qué la decisión del Ejecutivo es un primer paso importante en la lucha contra la minería y las economías ilegales? La condición de inscrito en el Reinfo –más allá de la calidad de suspendido– exoneraba a los mineros ilegales de las consecuencias penales establecidas en la ley. De esta manera la minería ilegal avanzaba sobre las reservas probadas de las concesiones formales que las empresas conseguían luego de años de intenso trabajo de exploración. Los conflictos con la minería ilegal en la provincia de Pataz en la región La Libertad y en la región Apurímac –con las empresas más importantes de cobre del país– se producen en el 10% de las reservas probadas encontradas por las empresas formales.
La decisión tomada por el Ejecutivo, pues, es fundamental para enfrentar el avance de la minería ilegal que, en los últimos años, ha llegado a movilizar más recursos, incluso, que el propio narcotráfico. De más de US$ 12,000 millones que mueven las economías ilegales –según diversas aproximaciones– más del 60% corresponde a las minerías ilegales. Y si consideramos que hoy la onza de oro se sitúa sobre los US$ 3,000 con una tendencia al alza, entonces, si el Estado de derecho no prevalece la minería ilegal terminará arrasando el sistema de propiedad minera en el país, una de las columnas centrales del modelo económico del país.
En este contexto, causa extrema preocupación que en la próxima discusión de la ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE) los criterios populistas y demagógicos de algunos sectores políticos –interesados en ganar votos antes que desarrollar un proyecto de país– terminen aceptando las propuestas del nuevo populismo minero, que pretende relativizar el sistema de propiedad minera establecido en la Ley General de Minería a través del concepto de las llamadas “concesiones ociosas”
En el Perú las concesiones mineras formales suman más de 10,000 hectáreas en promedio, con el objeto de que al lado de la explotación de las reservas probadas del proyecto minero la empresa concesionaria desarrolle una intensa labor de exploración y amplíe las reservas de mineral. En esas zonas exploradas, trabajo incesante de las empresas, pero que faltan explotar, es en donde se producen los asaltos e invasiones de los mineros ilegales. Y el populismo minero llama a esas áreas “concesiones mineras ociosas” al igual como los comunistas alentaban la toma de tierras antes de la desastrosa reforma agraria velasquista.
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