Dina, el Congreso y un país sin pensiones

La presidente Dina Boluarte acaba de anunciar que el Ejecutivo apoyaría que el Congreso apruebe un octavo retiro de las cuentas individuales del sistema privado de pensiones que administran las AFP, sumándose a la hemorragia de proyectos populistas que se han propuesto destruir el sistema privado de pensiones.

El octavo retiro no se trata de una reforma que apunta a superar cualquier abuso e imperfección del sistema privado de pensiones, sino que, en la práctica, podría eliminar el sistema de cuentas individuales y establecer el sistema estatal, el sistema de reparto como único modelo. Es decir el sistema de Oficina de Normalización Previsional (ONP) como el único sistema previsional. En otras palabras, el Estado latinoamericano que –desde las izquierdas– suele expropiar los fondos de los trabajadores para desarrollar sus clientelas y políticas populistas otra vez estarían en control de las pensiones.

¿Por qué? Si se aprueba un octavo retiro, según cifras del Ministerio de Economía, 6.3 millones de aportantes con menos de S/ 5,500 –de un total de 7.6 millones de afiliados al sistema de AFP– vaciaría sus cuentas individuales. ¿Cómo se garantizaría la pensión mínima que establece la nueva ley de pensiones y el reglamento respectivo? 

Por otro lado, hoy los fondos privados de pensiones apenas representan el 5% del PBI, no obstante que representaban entre el 25% y 30% del PBI antes de que el populismo, la demagogia y la irresponsabilidad aprobara los siete retiros anteriores. El país, pues, se queda sin pensiones y estatiza el sistema previsional al igual que sucede en Venezuela, en Corea del Norte, o cualquier régimen colectivista. El Estado es dueño de las pensiones y puede hacer lo que le parezca.

Nadie puede negar que el sistema de pensiones demanda reformas profundas, como la promoción de la libre competencia y el control de los excesos de los administradores de los fondos; sin embargo, nada justifica el festival de demagogia en que se ha embarcado el gobierno al lado de la mayoría de las bancadas del Legislativo.

El sistema estatal o el sistema de reparto es inviable en cualquier sociedad de medianos ingresos, en donde el sistema sanitario y el bienestar en general aumenta la longevidad de las personas y disminuye las tasas de natalidad. Según el Instituto Nacional Estadística hacia el 2050 la población mayor de 60 años se duplicará. En este siglo, entonces, uno de cada cuatro peruanos será adulto mayor. 

¿Qué significa una tendencia de este tipo? Que no se pondrá financiar las pensiones de los jubilados porque en el sistema de reparto el aporte de los trabajadores activos se destina a un fondo común que sirve para pagar las pensiones de los jubilados. Sin embargo, como la longevidad aumenta y la tasa de natalidad disminuye la tendencia será a la existencia de menos trabajadores activos.

Si esa es la tendencia, la carga fiscal de las pensiones condena a las nuevas generaciones a una macroeconomía distorsionada. Y la idea de aumentar impuestos –es decir, socializar la economía- es el camino inevitable al estancamiento y la pobreza. Es la ruta que ha hundido a Francia y los estados de bienestar europeos.

Por todas estas consideraciones, en el Congreso debe primar la reflexión y se deben evitar las salidas extremas que signifiquen la liquidación del sistema privado de pensiones o, para ser más precisos, el sistema de capitalización de cuentas individuales que es lo único que garantiza un sistema previsional en el mediano y largo plazo.