Congreso a punto de liquidar agroexportaciones peruanas

El Congreso de la República con leyes que desfinancian al Estado, no solo contribuye a que las calificadoras de riesgo cambien la calificación crediticia del Perú de estable a negativa –tal como lo acaba de hacer Fitch–, sino que un sector de bancadas parece empeñado en destruir al sector privado. La propuesta de nueva Ley Agraria, que han elaborado la comisión multipartidaria del Congreso y el Ejecutivo, no debería ser ya calificada de promoción agraria, sino de antipromoción y anti inversión. 

La fórmula que plantean es crear un régimen laboral con una Remuneración Mínima Vital (RMV) especial, por encima de la RMV nacional. Es decir, por encima de la RMV que rige para la minería, la construcción y los demás sectores. Una iniciativa abiertamente inconstitucional y discriminatoria. El proyecto señala que la Remuneración Básica Agraria está compuesta por la RMV nacional, más una bonificación especial por el tiempo de traslado al centro de trabajo, que equivale al 25% de la RMV. En otras palabras, el paraíso socialista, “la igualdad y distribución de riqueza” por decreto, sin analizar la estructura de costos y la productividad de las empresas.

Pero eso no es todo. La alícuota diaria de la Remuneración Básica Agraria no se establece dividiendo la RMV entre 30 días, sino entre 25 . ¿Por qué? Nadie lo entiende. De esta manera a la bonificación de 25% que se establece se agrega otro incremento de 20%. En otras palabras, por decreto, por la buena voluntad de los congresistas y las corrientes comunistas y colectivistas que comienzan a mangonear en el Congreso, los salarios se elevan en 50% para arrinconar a “los empresarios explotadores y chupasangres” que sacan la “miserable plusvalía a la masa oprimida de los trabajadores”. Es el viejo discurso de Velasco, que empobreció el campo y a las masas campesinas hasta el extremo de llegar a importar papa. Es el mismo mensaje del chavismo, que erradicó la inversión privada en el agro venezolano, convirtiendo un huevo o una palta en productos suntuarios.

Considerando que, dependiendo de los cultivos, los costos laborales oscilan entre el 40% y el 60% de los costos totales de producción, ¿cuál será el efecto inmediato de estas medidas? Es evidente que las empresas, al perder productividad y rentabilidad, simplemente comenzarán a cerrar, mientras que las más fuertes sobrevivirán e intentarán cumplir hasta lo posible con sus obligaciones. Sin embargo, el milagro agroexportador habrá terminado en el Perú. Se cancelarán los nuevos proyectos de inversión y los capitales agrarios emigrarán a países más estables, con economías que alienten la productividad y la eficiencia.

No obstante lo más grave es que se afectará el empleo formal de alrededor de un millón de trabajadores agrarios. Y ante la quiebra masiva de empresas y el cierre de industrias se levantará el conocido estribillo bolivariano de que todo es producto de una conspiración capitalista, y se habrá allanado el camino de una nueva colectivización del agro.

Ante este escenario aterrador, el Congreso debe olvidar los susurros del Frente Amplio y las corrientes comunistas, que alientan esta velada estatización de las agroexportaciones, y solo se debe promover que se aplique el régimen laboral general del DL 728, que establece la posibilidad de contratos indeterminados y contratos a plazo fijo, reconociendo todos los derechos (CTS, vacaciones y gratificaciones) consagrados en la legislación.

Es increíble lo que acaece en el Perú. Un país viable, un modelo para la región, antes de la pandemia y la emergencia, hoy no solo se ha quedado sin vacuna contra el Covid para el 2021, no solo ha destruido su macroeconomía con un déficit cerca del 10% del PBI, sino que comienza a desmontar todas las leyes que posibilitaron el crecimiento y la reducción de la pobreza del 60% a 20% (antes de la pandemia). 

En cualquier caso, nunca es tarde para rectificar. Ojalá la mayoría del Legislativo no apruebe este proyecto de ley de anti promoción agraria.