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En un país donde más de 20,000 centros poblados siguen viviendo prácticamente desconectados del resto del territorio, hablar de digitalización y desarrollo sin acciones concretas es una declaración vacía. Hoy, el Perú enfrenta una oportunidad histórica: dejar de alquilar su acceso al espacio y apostar, de una vez por todas, por su propio satélite de telecomunicaciones. El impacto sería inmediato, especialmente para los millones de peruanos que viven en regiones aisladas, y para sectores clave como la educación, la salud y la gestión estatal.
La situación actual es insostenible. A pesar de que el Estado ha venido contratando servicios satelitales por montos crecientes —US$ 21.7 millones en 2020, US$ 34.95 millones en 2021 y más de US$ 54 millones en 2023— más del 20% de los centros poblados del país siguen sin acceso a servicios digitales básicos. Son muchas localidades —desde la selva profunda hasta las zonas altoandinas— que viven al margen de la educación virtual, la telemedicina, el comercio electrónico y la participación cívica moderna. Y mientras tanto, el Estado sigue pagando tarifas exorbitantes por megabit por segundo que, en regiones como Loreto o Ucayali, superan en decenas de veces las tarifas disponibles en Lima.
El argumento económico es claro: en solo tres o cuatro años, el gasto actual del Estado en telecomunicaciones satelitales podría cubrir el costo de un satélite de comunicaciones propio. Un HTS (High Throughput Satellite) moderno cuesta entre 180 y 325 millones de dólares. ¿Vale la pena? La respuesta es un rotundo sí. Con un satélite en operación, el Estado no solo reduciría sus gastos a mediano plazo, sino que podría revender capacidad excedente a operadores privados, obteniendo ingresos adicionales y generando un ecosistema de conectividad más competitivo.
Pero más allá del ahorro, lo que está en juego es el desarrollo del país. El acceso a Internet de calidad en zonas rurales puede transformar por completo la vida de millones de personas. El potencial impacto en la educación es uno de los ejemplos más evidentes y urgentes. En pleno siglo XXI, miles de escolares en zonas rurales siguen recibiendo una educación fragmentada, limitada por la falta de docentes especializados y materiales actualizados. Un satélite de telecomunicaciones permitiría llevar contenidos digitales, clases en línea, capacitaciones docentes y acceso a bibliotecas virtuales a los lugares más remotos. No es una promesa vacía: es una herramienta concreta para acortar brechas y romper el ciclo de pobreza estructural que aún persiste en muchas regiones del país.
Además, el acceso a Internet y servicios digitales es un pilar para la salud pública, la seguridad y la gestión pública eficiente. Desde la telemedicina hasta la coordinación de emergencias, pasando por los sistemas de alerta temprana ante desastres naturales, la infraestructura satelital puede garantizar la continuidad de las comunicaciones cuando la red terrestre colapsa. Esto es especialmente crítico en un país como el Perú, vulnerable a terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Con un satélite propio, el Perú no solo gana autonomía tecnológica, sino también capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
Otro elemento crucial es la eficiencia del Estado. Hoy, menos de 50 entidades públicas acceden a servicios de comunicación satelital, de las más de 2,000 que existen. La atomización de los contratos, el sobrecosto de los servicios y la ausencia de una estrategia integrada han generado un sistema caro e ineficiente. La existencia de un satélite propio permitiría centralizar y optimizar el servicio, reduciendo costos y ampliando la cobertura a todas las entidades que lo necesiten. Además, permitiría avanzar hacia una digitalización más ambiciosa del Estado: ventanillas únicas, trámites en línea, transparencia en las compras públicas y reducción de la burocracia.
Y no hay que olvidar el componente estratégico. La soberanía tecnológica y la capacidad de transmisión de datos segura son esenciales para la defensa nacional. Un satélite propio permitiría integrar a las Fuerzas Armadas —Ejército, Marina y Fuerza Aérea— en un sistema de comunicación nacional robusto y moderno. La dependencia actual de proveedores extranjeros para algo tan sensible como las telecomunicaciones no es solo un problema económico: es una debilidad estructural que debe ser corregida.
El momento de actuar es ahora. Las tecnologías están disponibles, los costos son manejables y el retorno, tanto económico como social, es evidente. El satélite de comunicaciones no debe verse como un lujo, sino como una inversión estratégica que impactará directamente en la vida de millones de peruanos.
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