¡Colectivistas pretenden estatizar la agroindustria!

El proyecto de ley de la comisión multipartidaria nombrada por el Congreso –en la que participa el Ejecutivo–, contraviniendo la Constitución y las leyes nacionales pretende aprobar, en la práctica, la estatización del sector agroexportador. Un sector que, en dos décadas, posibilitó incrementar nuestras exportaciones de US$ 850 millones a más de US% 7,000 millones y reducir la pobreza en las zonas agrarias.

Las nuevas cooperativas o koljoses que propone un sector de los miembros de la señalada comisión multipartidaria, sin considerar que los costos laborales representan entre el 40% y el 60% de los costos de producción, establece una Remuneración Mínima Vital (RMV) por encima de la RMV nacional. ¿Cómo se entiende algo así? Es decir, una RMV por encima de las de la minería, la construcción y otras actividades. La Constitución de 1993 no permite semejante discriminación contra un sector que le ha cambiado el rostro al agro nacional. El jornal diario se incrementa a S/ 64.98 y la remuneración básica mensual a S/ 1,543  más las CTS, vacaciones y gratificaciones. 

En otras palabras, los costos laborales podrían llegar a representar entre el 60% y el 80% de los costos totales de producción. Y vale señalar que existen empresas que contratan entre 10,000 y 15,000 trabajadores. ¿El Gobierno interino de Francisco Sagasti también participa de este intento velado de estatizar la agroindustria? Ni siquiera las grandes corporaciones podrán absorber este terrible golpe a la productividad; y menos las pymes, que son el 80% del total de 8,000 empresas que participan en la cadena agroexportadora.

Asimismo, el proyecto colectivista de un sector de la comisión multipartidaria establece que si un trabajador es contratado de manera intermitente por un tiempo de dos meses durante año, se convierte en trabajador a plazo indeterminado discontinuo: es decir, se crea el derecho a que el empleador lo contrate permanentemente cada vez que requiera fuerza de trabajo. De esta manera la temporalidad estacional en la siembra, mantenimiento y cosecha de los cultivos, en la práctica, sería derogada. Asimismo, si un trabajador es contratado por varios empleadores con contratos temporales durante un año se crea la obligación de volver a ser contratado por las mismas empresas en las siguientes temporadas. En otras palabras, el fin de la flexibilidad laboral y el regreso velado de la estabilidad.

De otro lado, el proyecto velasquista de un sector de comisión multipartidaria también propone otro exabrupto constitucional: la existencia de varias RMV, en base a las siguientes definiciones: gran empresa, por contratar a más de 1,000 trabajadores o con ventas anuales de más de US$ 50 millones; mediana empresa, por contratar entre 200 y 999 trabajadores y con ventas anuales mayores de US$ 20 millones y menores de US$ 50 millones; y pequeña empresa, por contratar a más de 20 trabajadores y menos de 200, y que tienen ventas mayores a US$ 7 millones y menores de US$ 20 millones. 

En las leyes económicas peruanas no se definen la naturaleza de las empresas por el número de trabajadores que contratan, y menos se establecen remuneraciones por el número de trabajadores contratados en una unidad. La propuesta comunista pretende que exista una RMV diferenciada para las empresas grandes, medianas o pequeñas. Una terrible locura en contra de los propios trabajadores.

En el mencionado proyecto el intento de estatizar la agroexportación se nota al primer golpe de vista. Por ejemplo, en caso de despido arbitrario se establece que “la indemnización es equivalente al doble de la remuneración correspondiente a los días restantes para terminar el contrato”. En el DL 728 del régimen general se establece un sueldo de 1.5 por cada mes que falte para cumplir el contrato en caso de despido arbitrario. La discriminación contra la agroindustria es incuestionable.

Pero en donde se nota la vocación estatizadora y el intento de resucitar a las cooperativas, que empobrecieron el campo durante el velascato, es en la propuesta de establecer la participación de los trabajadores en el 10% en las utilidades de las empresas. Es decir, se duplica la participación de utilidades que existe en todos los otros sectores de la economía. Las cosas se complican cuando se obliga a las empresas agroexportadoras a brindar alimentos a los trabajadores, cuando se prohíben los services para actividades no estrictamente agrarias y otros aspectos.

Detrás del proyecto de ese sector de la comisión multipartidaria es incuestionable que está la filosofía comunista, que identifica al empresario como la fuente de pobreza y no de riqueza, y está el eterno yerro que impulsa a matar la gallina de los huevos de oro para “acelerar la distribución de la prosperidad”. Para este sector de congresistas enceguecidos no cuenta la experiencia del velascato que empobreció las mejores tierras del Perú y creó generaciones enteras de desnutridos.