Autoridades contra la minería

La minería peruana no está en su mejor momento porque es amenazada por intereses antiperuanos, incluso con la venia de las autoridades. Aún así, la minería continúa transformando de manera positiva los lugares más alejados del país.

El Estado peruano, por intermedio del Ministerio de Energía Minas (MEM), ha demandado a la minera canadiense Macusani Yellowcake la devolución de 32 concesiones de las 151 otorgadas en Puno. Por ello, el proyecto de litio Fachani (inversión de US$ 870 millones) corre el peligro de detenerse por pagos de concesión en disputa. Otro caso es el de la licencia de construcción otorgada el 8 de julio al proyecto Tía María (inversión de US$ 2,400 millones), que fue suspendida un mes después por las mismas autoridades del MEM. Ambos casos revelan el talante obstruccionista del Ejecutivo de Martín Vizcarra con las inversiones privadas.

En Quellaveco (inversión de US$ 5,300 millones), maliciosamente el gobernador de Moquegua Zenón Cuevas organizó un paro regional indefinido e hizo aspavientos, señalando que la minera no cumplía con el compromiso de ofrecer puestos de trabajo a los pobladores y contratar a proveedores locales. La empresa auditora Ernst & Young ha verificado que casi el 100% de la mano de obra no calificada y alrededor de la mitad de los técnicos y profesionales son trabajadores del lugar. Representantes del consorcio AngloAmerican-Mitsubishi, concesionaria de Quellaveco, han señalado que gran parte de la logística diversa y compleja es atendida por empresas moqueguanas formadas para este fin.

Por su lado, el movimiento antiminero, con la anuencia de Vizcarra, ha propuesto una nueva Ley General de Minería. Los resultados obtenidos por la minería van contra los intereses políticos de los sectores marxistas porque con la minería responsable y moderna, instalada en el país desde la década de los noventa, la pobreza ha descendido en las zonas donde hay actividad minera. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2009, la pobreza alcanzaba al 85.7% de la población de Chumbivilcas. En 2013, la pobreza ha descendido a 50.7%; es decir, ¡30% en cuatro años!

Por la mina Constancia —que abarca los distritos de Velille, Livitava y Chamaca, en Chumbivilcas— los presupuestos de las municipalidades se han incrementado notablemente, en promedio hasta 2.5 veces más. En los últimos 23 años un total de S/ 44,999 millones, provenientes del canon minero, han sido distribuidos a las regiones mineras del país. No obstante, gran parte de ese dinero ha sido lapidado, usado en gasto corriente y consumo (publicidad, pintura, uniformes, obras sin relevancia social, entre otros) en lugar de obras de carácter extraordinario, como agua potable y saneamiento, redes eléctricas, colegios, centros médicos, carreteras y más. Además, en 2018, las universidades nacionales recibieron por canon minero S/ 154 millones. 

Por está razón, mediante convenios de colaboración voluntaria entre la minera y las comunidades —de hasta S/ 3 millones de aporte cada año— se intenta cubrir la ausencia del Estado. Hoy la minería es también sinónimo de agua y agricultura. La canadiense Hudbay en Livitaca, con una inversión de S/ 1.4 millones, ha instalado un sistema de riego por aspersión en Accho y Cochapata, en la comunidad Unión Kora. La obra para ampliar 60 hectáreas de cultivo consta de un sistema de captación de agua, reservorios, cámaras de distribución y 19 kilómetros de conductos de agua. Asimismo, en la comunidad Quehuincha, también en Livitaca, un sistema similar de un millón de dólares, ejecutado por Obras por Impuestos (OxI), permite el cultivo de papa nativa, cebada y hortalizas. 

Como nunca antes en nuestra historia, la empresa privada participa del bienestar de las personas más pobres del país. Lamentablemente los relatos de los antimineros —mentiras tendenciosas— apuntan al desprestigio del sector minero. Le hacen creer a la población que nada ha cambiado después de la minería tradicional y estatal de empresas emblemáticas como Centromín, campeona contaminando ríos y lagos en el centro del país hasta antes del 2000.