El equipo técnico de la sociedad civil ante el acuerdo a que ha...
La memoria de una nación se encuentra resguardada en sus archivos, testigos irremplazables de su historia. Sin embargo, en el Perú, esta memoria está bajo amenaza. La pretensión del Ministerio de Cultura de trasladar el Archivo General de la Nación (AGN) desde su histórica sede en el Palacio de Justicia a un nuevo espacio en el Callao ha generado una ola de rechazo por parte de expertos, investigadores y la sociedad civil. El nuevo local no solo es inadecuado para la conservación de los documentos, sino que además su ubicación cercana al mar y a zonas de alta contaminación agrava los riesgos de deterioro.
Desde 2023, el historiador Carlos Alfonso Villanueva Carbajal lidera la lucha contra este desalojo que amenaza la integridad del patrimonio documental del Perú. A pesar de las reiteradas advertencias de expertos y de organismos como el Consejo Internacional de Archivos, el Ministerio de Cultura persiste en su decisión, ignorando incluso las alternativas viables presentadas por el equipo técnico que busca una solución responsable y sostenible.
El traslado del AGN no es solo una cuestión logística; implica la posible pérdida de documentos vitales para la historia del país. Más de 150 millones de documentos, que contienen la memoria histórica y administrativa del Perú, podrían verse afectados por un traslado mal planificado y ejecutado sin las condiciones técnicas necesarias. Los especialistas han señalado que los principales enemigos de los archivos son los incendios y las mudanzas, a los que ahora se suma la falta de compromiso de las autoridades responsables de su custodia.
El nuevo espacio propuesto carece de las condiciones mínimas para garantizar la preservación documental. Ubicado en una zona con alta humedad y contaminación, representa un riesgo inminente para la estabilidad de los documentos. Además, el costo de este traslado es extremadamente alto, sin asegurar las condiciones adecuadas. Todo ello evidencia la falta de criterio técnico y el apresuramiento con el que se quiere llevar a cabo esta medida.
En la reciente reunión de la Comisión de Cultura del Congreso, los especialistas expusieron nuevamente las razones por las cuales este traslado es un grave error. La reacción de los congresistas sugiere que existe una creciente preocupación sobre las consecuencias de esta decisión. No obstante, aún no hay garantías de que el traslado será detenido.
La solución no es expulsar el AGN de su sede sin ofrecer una alternativa técnica y responsable. Lo que el Perú necesita es un espacio adecuado, diseñado para la conservación y protección de su archivo histórico, similar a lo que tienen países que valoran y respetan su memoria. Un traslado solo debería darse cuando se cumplan los requisitos técnicos indispensables, garantizando la integridad del patrimonio documental.
Proteger el AGN es un deber nacional. No se trata de simples papeles en cajas, sino de documentos que resguardan la identidad y el pasado del Perú. Ignorar su valor y poner en riesgo su preservación es un acto de negligencia imperdonable. Es momento de que las autoridades actúen con responsabilidad y compromiso, asegurando que la historia del país no sea condenada al olvido.
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