Pedro Castillo y la farsa del presidente secuestrado

El inicio del juicio oral contra Pedro Castillo ha vuelto a poner en evidencia el cinismo de la izquierda caviar y la absoluta falta de respeto por el orden democrático. Castillo, con un discurso que oscila entre lo patético y lo ridículo, pretende sostener que sigue siendo el "presidente constitucional del Perú" y que ha sido "secuestrado" en el penal de Barbadillo. Mientras tanto, sus defensores de siempre, los mismos que creyeron que harían cogobierno con él, hasta ahora se rasgan las vestiduras diciendo que su proceso es una persecución racista y clasista.

El problema es que los hechos desmienten cualquier intento de victimización. Castillo enfrenta acusaciones graves y bien documentadas: intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, ha sido señalado por encabezar una presunta organización criminal y su gobierno estuvo marcado por la corrupción. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para él, no por su origen ni por sus ideas, sino por los delitos concretos que cometió.

El intento de golpe de Estado

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la intención de gobernar por decreto. No había justificaciones constitucionales para ello, no se habían producido dos denegatorias de cuestión de confianza, y ni siquiera había la intención de convocar elecciones en el corto plazo. Fue un golpe de Estado en toda regla, aunque su ejecución fuera torpe y el apoyo institucional fuera nulo.

Desde el punto de vista penal, la conducta de Castillo encaja perfectamente en el delito de rebelión tipificado en el artículo 346 del Código Penal. Para cometer este delito, ni siquiera es necesario que el intento de toma del poder se concrete: basta con el acto manifiesto de alzamiento contra el orden constitucional. Y eso fue exactamente lo que hizo Castillo en su mensaje a la nación.

La corrupción como método de gobierno

Pero el intento de golpe no es lo único que se le imputa a Castillo. Su Gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción. Se le investiga por liderar una presunta organización criminal que operaba desde el Estado, facilitando contratos irregulares y cobrando sobornos. Entre los casos más relevantes están:

• Caso Petroperú. Se le acusa de haber recibido S/ 2 millones en sobornos para favorecer a determinadas empresas en contratos con la petrolera estatal.
• Caso Puente Tarata III. Presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción de un puente en San Martín, con la participación de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
• Ascensos irregulares en las FF.AA. y la PNP. Se investigan presiones para ascender a militares y policías afines al gobierno.
• Caso "Gabinete en la sombra". Funcionarios sin cargos oficiales que, según la Fiscalía, gestionaban contratos estatales de manera irregular.
• Caso Anguía. Direccionamiento de licitaciones en el distrito de Anguía, Cajamarca, con supuestos beneficios para allegados a Castillo.

Si a esto se suma el escándalo del plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo, queda claro que la falta de integridad de Castillo no es una percepción política, sino un hecho documentado.

La defensa caviar: un discurso desgastado

A pesar de la abrumadora evidencia, la izquierda caviar ha salido nuevamente a defender lo indefendible. Quieren hacernos creer que Castillo solo quiso "escuchar al pueblo" y que su prisión es parte de una "persecución política".

Este doble rasero no sorprende. Desde que Pedro Castillo ganó las elecciones en 2021, la izquierda progresista intentó "adoctrinarlo" y hacerlo su aliado. Se fotografiaban con él, celebraban sus torpezas como "gestos de autenticidad" y se indignaban con quienes alertaban sobre su evidente incapacidad para gobernar. Pero todo cambió cuando Vladimir Cerrón, el verdadero titiritero, los puso en su sitio con un rápido "ubícate, mamita" a Verónika Mendoza.

Desde entonces, los caviares pasaron de soñar con un cogobierno a ver con impotencia cómo Cerrón y los radicales tomaban el control. Ahora, para no admitir su error, recurren a su narrativa favorita: el victimismo. Dicen que a Castillo lo persiguen por "racismo" y "clasismo", como si la corrupción, el abuso de autoridad y la incompetencia tuvieran algo que ver con el origen étnico o social de una persona.

Un argumento insostenible

Castillo se aferra a una interpretación errónea del artículo 46 de la Constitución, el cual establece el derecho a la insurgencia contra un gobierno usurpador. Según su lógica, el Congreso habría violado la Constitución al intentar vacarlo, y su respuesta fue un "acto de resistencia". Pero este argumento carece de sustento:

1. El Congreso tenía facultades para vacarlo. La vacancia por "incapacidad moral" está contemplada en la Constitución y ha sido aplicada en gobiernos anteriores.
2. Castillo no podía disolver el Congreso. La disolución solo procede si se niegan dos cuestiones de confianza, lo que no ocurrió en su caso.
3. No existe el "derecho a la insurgencia" para un presidente en funciones: El artículo 46 está diseñado para la población civil contra un gobierno usurpador, no para que un presidente lo use contra otros poderes del Estado.

Su argumento es un intento desesperado de evitar la justicia. Pero la realidad es clara: Castillo no es un presidente secuestrado, sino un exmandatario que intentó un golpe de Estado y fracasó.

Conclusión: un juicio que debe sentar precedentes

El juicio contra Pedro Castillo no es una persecución política, sino un acto de justicia. Su Gobierno estuvo marcado por la corrupción, la incompetencia y el desprecio por la legalidad. Su intento de golpe fue la culminación de un mandato que nunca respetó las reglas democráticas.

Que hoy sus defensores intenten convertirlo en mártir solo demuestra el cinismo de una izquierda que nunca ha sido democrática. El juicio debe seguir su curso y Castillo debe enfrentar las consecuencias de sus actos. El Perú no puede permitirse más farsas ni más impunidad.