Oscilando entre el diálogo y la confrontación

Un aspecto que posibilita el discurrir armonioso de las relaciones interpersonales en una sociedad diversa como la peruana es el diálogo. A través de él podemos intercambiar ideas, discrepar, pero sobre todo arribar a acuerdos en el marco del respeto colectivo. Acuerdos que se suponen han de ser asumidos a cabalidad.

Este tránsito resulta poco fácil, y con mayor razón cuando están en juego intereses personales o de grupos que rompieron relaciones con la ética y el respeto del bien común. En la base del enrarecido escenario de la corrupción y de las intenciones de afrontarla encontraremos el porqué en la vida diaria vamos oscilando entre el diálogo y la confrontación, resultando este último, por sus beneficios, el victorioso.

Un ejemplo claro lo constituye la existencia de una serie de compromisos entre el Estado y la población, como resultado de las demandas y aspiraciones de los segundos. Son acuerdos que por lo general no se cumplen, o su atención se dilata en términos de tiempo. Una respuesta frente a ello y ante la poca efectividad del diálogo la constituye la confrontación y protesta, legítima de por sí. De cumplirse los acuerdos alcanzados tras un diálogo comprometido, el discurrir sería distinto y se traduciría en confianza y respeto de unos a otros. En este caso del respeto hacia el Estado, por corresponder con los intereses de los pobladores.

Cuando accedemos a la información nos enteramos de la programación y ejecución —por parte de organizaciones populares, trabajadores, amas de casa, padres de familia o profesionales diversos— de una serie de medidas de presión traducidas en marchas, mítines, vigilias, paralizaciones, tomas de carreteras, huelgas, entre otros,. como producto del rompimiento del diálogo entre los actores mencionados y el Estado, cuya administración prefiere ignorarlos o desviar la atención a otros asuntos.

Lo curioso es, que los responsables del cumplimiento de compromisos son, por lo general, los distintos sectores o ministerios que para “justificar” su inacción han conformado equipos especializados en el “tratamiento” de las diferencias, con el pomposo nombre de oficinas de Gestión Social y Diálogo. A estas oficinas —salvo honradas excepciones— las organizaciones afectadas en sus demandas las consideran no solo inoperantes, sino expertas en el engaño. Con lo cual los intentos de acercamiento entre el Estado y la población se problematizan aún más, incrementándose las brechas de atención.

Ahora bien, si dejáramos de lado a las empresas privadas, que por lo general son especialistas en el incumplimiento de sus obligaciones, pecaríamos de injustos culpando solo al Estado, pues en las diferencias entre empresas y trabajadores, comuneros o pobladores, subyace un alto porcentaje de elementos que son caldo de cultivo para los conflictos. Si a ello agregamos el accionar de profesionales en la política de la confrontación, tendremos un cuadro que solo requeriría el añadido de las acciones del Poder Judicial y la Contraloría de la República para completar el espectro de la “criollada” que viene llevado al diálogo al estante del oprobio.

Corresponde a quienes aún creemos en el fortalecimiento de la democracia rescatar el valor del diálogo. Y sin temor a las confrontaciones, hacer del diálogo un instrumento serio de relacionamiento entre los peruanos, a fin de devolvernos la confianza entre los pobladores, y fundamentalmente de ellos en el Estado.