Minería: US$ 64,000 millones para el desarrollo

Durante las últimas dos décadas se ha escuchado con frecuencia que la cartera de proyectos del sector minero asciende a más de US$ 60,000 millones. Con el paso de los años, el monto estimado del desarrollo minero se ha incrementado, tanto por la eventual ejecución de nuevos proyectos (greenfield) como por la ampliación de las actuales operaciones (brownfield).

Ejecutar esa inversión tendrá un impacto relevante en el aumento del volumen de producción polimetálica del Perú, principalmente en la extracción y procesamiento de metales como el cobre y el oro. Adicionalmente contribuirá a incrementar la participación en el mercado mundial de metales, convirtiendo al país en una plaza más estable y segura para seguir atrayendo inversiones.

¿Qué está fallando? La trasmisión de mensajes que permitan orientar a la opinión pública acerca de la importancia de la minería para iniciar un proceso cierto de desarrollo sostenible. La minería –por sus características– es una inversión que trasciende a varios períodos de gobierno; en consecuencia, quien posee capital decide el destino de sus inversiones analizando ciertas variables que le otorgan confianza y predictibilidad para recuperar su inversión y, posteriormente, lograr un retorno satisfactorio sobre el capital.

Una de esas variables es el marco jurídico, si un país ha mantenido políticas macroeconómicas sólidas y estables en el tiempo, y, le han dado resultados positivos, lo más probables es que siga estos lineamientos. La mayor garantía que ofrece el Perú a la inversión nacional y extranjera es el Capítulo Económico de la Constitución vigente, así como la autonomía que le otorga al Banco Central de Reserva para mantener la estabilidad de la moneda, que representa el mejor ahorro de todos los peruanos, de los ricos y de los pobres.

Otra variable es la estabilidad política. Algunos analistas señalan que la economía avanza a pesar de sus autoridades, lo cual es cierto en el contexto nacional; pero ello deja de lado el análisis de cuánto más podría crecer si hubiese continuidad en la toma de decisiones. La constante inestabilidad política frena el dinamismo de la economía, la toma de decisiones se posterga y el ritmo de crecimiento se ralentiza.

La tercera variable corresponde a la seguridad ciudadana, si muchos negocios tienen que cerrar como consecuencia de la extorsión, más temprano que tarde se incrementará el desempleo y, por lo tanto, la pobreza, lo que incentiva protestas y fomenta la inestabilidad social. 

Finalmente, la cohesión social, ésta se cimenta en instituciones sólidas porque acrecienta el sentimiento de pertenencia al país. Si la población está convencida de que existe una buena conducción en la administración pública –alejada de la corrupción–, el riesgo de la inestabilidad disminuye y la inversión –palanca del desarrollo económico y social–, se concretará no sólo en minería, sino en infraestructura que permita movilizar el volumen producido, así como en turismo y otros emprendimientos. De esta manera, habrá superávit fiscal y las excusas de falta de dinero para destinar a los servicios de salud y educación se habrán extinguido.