Las empresas públicas remanentes (II)

La supervivencia de algunas empresas públicas remanentes —es decir, no incluidas en el proceso de privatización cumplido en nuestro país en la década de los noventa— no puede explicarse fácilmente. Inicialmente se trató de justificar la existencia y el crecimiento de las empresas públicas en nuestro medio a través del concepto de un supuesto beneficio social que ellas originarían. En otras palabras, del provecho que supuestamente se crearía a favor de la sociedad con su desempeño productivo. Pero todos los ciudadanos fuimos testigos pasivos, y víctimas resignadas, del constante flujo de pérdidas que esas empresas causaban. 

Es que nunca se tuvo en cuenta que las reglas propias del manejo de los recursos públicos no resultan compatibles con la gestión de las organizaciones empresariales. Estas requieren actuar bajo los principios de flexibilidad, apertura de criterios frente a nuevos escenarios, aprovechamiento de situaciones imprevistas, superación oportuna de las contingencias y rendición de cuentas a los dueños del capital invertido (que, en el caso de las empresas públicas, son invisibles). El resultado, lejos del supuesto beneficio, se tradujo en generalizados perjuicios causados por su ineficiencia, ineptitud e inoperancia, con el consecuente malestar y hartazgo de la ciudadanía, que no encuentra explicación a esta situación absurdamente prolongada.

Esta situación se originó a partir de un concepto comprometido desde un inicio, como es el de ‘empresa pública’. Toda empresa supone poner en riesgo los recursos que se le asignan. En el caso de la empresa pública, estos recursos son distraídos de los fines públicos primigenios para ser usados en la creación o el funcionamiento de aquella, cuando el Estado está obligado a cuidar el uso escrupuloso de los recursos a su cargo y a no arriesgar su integridad. No obstante, el crecimiento del aparato empresarial del Estado desconoció este principio básico de todo buen gobierno. Y más bien produjo cuantiosas pérdidas no recuperables que impidieron alcanzar ese bienestar común que se decía perseguir.

Por todo ello, puede decirse con propiedad que la subsistencia de las empresas públicas remanentes del proceso de privatización constituye un escándalo insostenible por más tiempo, y hay que abrir el cauce a un nuevo impulso privatizador. Debe recordarse siempre que el verdadero beneficio social se alcanza no por el hecho de que la titularidad del capital de una empresa se atribuya legalmente al Estado. No es ese origen legal una causa mágica del beneficio social. Este último se obtiene solo cuando se logra la satisfacción efectiva de determinadas necesidades reales de la sociedad, lo que ciertamente está muy lejos de haber sido alcanzado. 

Desde una óptica económica rigurosa, cualquier empresa que funciona eficientemente produce un beneficio social mayor y más tangible cuando es operada por manos privadas responsables que cuando es gestionada desde el Estado con las reglas propias de su manejo.

Y, desde una óptica legal, podemos seriamente preguntarnos si la subsistencia de algunas empresas públicas resulta hoy congruente con la vigencia y el respeto de todos los principios que conforman el marco institucional establecido desde el título del régimen económico de la Constitución vigente. O si, por el contrario, no nos encontramos frente a una inconstitucionalidad objetiva.

En todo caso, la razón de un nuevo impulso privatizador no debe buscarse sólo en la necesidad de superar la ineficiencia de las empresas públicas y de aliviar la presión sobre su demanda excesiva de recursos para seguir operando. Debe buscarse más allá. ¿Dónde? 

Pienso que su verdadera justificación radica en la necesidad imperativa de un nuevo enfoque que permita entender bien la naturaleza y la actitud del Estado y del gobierno frente a la actividad económica.  Un enfoque que haga posible la despolitización de la actividad empresarial, y —lo más importante— que respete y atienda los derechos postergados de todos los ciudadanos en cuanto al uso más eficiente de los recursos que ellos aportan a través del pago de sus impuestos. 

Un nuevo enfoque que, a través de decisiones públicas apropiadas y oportunas, haga posible que esos ciudadanos reconozcan la legitimidad de las instituciones creadas para representarlos, y que de esta forma se avance en la fatigosa pero esperanzadora búsqueda de una genuina e integral democratización en el país.