Las bases populares del fujimorismo

Hay quienes afirman, con razón, que el gobierno liderado por Alberto Fujimori contó con bases populares clientelistas y el respaldo entusiasta de las élites en los noventa. Y que posteriormente los hijos del recientemente fallecido ex mandatario se han alejado de los sectores menos favorecidos porque defienden la Constitución de 1993.

Esa asociación resulta cuestionable. Los sectores populares en los años noventa vieron en Alberto Fujimori al presidente que tomó la decisión de estabilizar la economía y controlar la hiperinflación que había alcanzado 6,750% al momento de asumir el poder. Imaginemos un padre y una madre de familia trabajando denodadamente para poder comprar leche para el desayuno de sus hijos cuando este artículo de primera necesidad subía de precio semana tras semana, día tras día. Y en adición, era casi imposible conseguirlo en las bodegas de barrios marginales o se condicionaba su adquisición a la compra de otros productos que no eran de primera necesidad. 

Eso es lo que cambió en poco tiempo el gobierno de Fujimori. Primero apostó por un sinceramiento de los precios y luego dejó que éstos flotaran en función de la ley de la oferta y la demanda. ¿Cuál fue el resultado? Que se acabó con la especulación, el precio del tarro de leche dejó de subir y, con relación al precio referencial propuesto anunciado por Hurtado Miller, empezó a descender. En adelante, los productos de la canasta básica general siguieron el mismo camino, a un precio mayor al de la época de la hiperinflación, pero a disposición de todos los niveles socioeconómicos, quienes perdían el tiempo de manera improductiva, haciendo largas colas que no garantizaban conseguir el producto deseado.

Esa tranquilidad emocional del sector más vulnerable de la población es la que consiguió Fujimori cuando decidió dejar de lado el programa económico con el que llegó al poder “que proponía una estabilización gradualista”, y optar por la propuesta que le alcanzó el equipo liderado por el economista Carlos Boloña. El cambio en la receta económica respondió a una actitud racional, debidamente meditada por el matemático presidente. 

Garantizado el respaldo social de la base que lo llevó al poder, Fujimori sabía que el respaldo podía ser efímero si no empezaba a generar empleo productivo y de calidad, por lo que se requería contar convencer para que los organismos financieros internacionales avalaran el nuevo Plan de Gobierno. La situación de la macroeconomía era caótica, las empresas públicas generaban déficits que crecían exponencialmente y, por entonces, la respuesta del Banco Central de Reserva era atender la demanda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mayor emisión de moneda inorgánica, con lo que se retroalimentaba la inflación.

A comienzos de 1991, Juan Carlos Hurtado Miller (ex presidente del Consejo de Ministros y titular del MEF) renuncia y asume Carlos Boloña, quien anuncia un vasto paquete de medidas económicas que –por primera vez– no implicaron un alza en el costo de vida. Se liberalizó aún más la economía y se anunció que el gobierno no iba a financiar más a las empresas estatales deficitarias, por lo que o quebraban o eran incorporadas al programa de privatización de las empresas del estado.

En paralelo, los grupos terroristas incrementaron su accionar, sabían que no lograron movilizar a la población para iniciar saqueos en los mercados de Villa El Salvador y Huaycán al momento del anuncio del paquete estabilizador. También que si el programa implementado seguía logrando resultados, el paraíso discursivo enarbolado por los comunistas se volvía cada vez más efímero y poco creíble. Finalmente, se produce el golpe de Estado de 1992 y a los pocos meses son capturados los cabecillas de las dos organizaciones terroristas que asolaban al país.

El Perú seguía esperando el inicio del plan privatizador y la llegada de inversiones frescas que reactiven la economía nacional y la confianza ciudadana. Lograda la estabilización, derrotado el terrorismo, el respaldo popular se acrecentó mucho más.

Para que un programa económico resulte exitoso se requería contar con seguridad jurídica, con una nueva Constitución que otorgue garantías a los capitales nacionales y extranjeros, y que los coloque en igualdad de condiciones para invertir. La Carta Magna no es un documento símbolo del establishment; todo lo contrario, es la ley suprema que garantiza el crecimiento económico y, como consecuencia, la generación de empleo productivo y la disminución progresiva de la pobreza. La actual Constitución contribuye al positivo dinamismo social; ergo, es símbolo de progreso y no de perpetuación de condiciones de desigualdad e injusticia.

En 2001 Alan García retornó de Europa con una nueva visión, entendió que debía mantener la actual Constitución más allá de sus escarceos de campaña. Elegido presidente el 2006, decidió impulsar las inversiones para seguir reduciendo la pobreza. ¿Logró su cometido? ¡Sí! La pobreza cayó a su nivel más bajo al finalizar su segundo mandato en 2011. Desde entonces a la fecha, los gobiernos populistas posfujimoristas disminuyeron el ritmo de caída de la pobreza –con el interregno de García–, la pandemia la acrecentó, así como quienes gobiernan hasta la actualidad.

A las élites les ha faltado salir a contrarrestar un discurso falso que no refleja la realidad. La Constitución, en suma, es garante del crecimiento y generación del bienestar de todos los peruanos.