La eutanasia contraataca

Hace algunas semanas llegó a los titulares la noticia de la práctica legalización de la eutanasia en Colombia, por obra –cuándo no– de jueces activistas «neoconstitucionalistas». Inmediatamente, los defensores de la reingeniería social progresista aplaudieron esta decisión, porque otorga a los ciudadanos un derecho a vivir –y morir– con dignidad, lo que supuestamente sería un triunfo de las «libertades». Por nuestros lados, Ana Estrada continúa con su cruzada por la llamada «muerte digna». 

Cabe hacerse algunas preguntas preliminares: ¿existe un «derecho del paciente a rechazar el tratamiento», la alimentación o incluso a ser asesinado? Y, principalmente, ¿morir de hambre o envenenado por un médico es morir con dignidad? 

En primer lugar, es menester recordar que la noción clásica de derecho –asumible, creo yo, incluso por mentalidades antimetafísicas, dada su evidente condición de parapeto contra el totalitarismo político, demostrada en la primera mitad del siglo XX, y por lo tanto más conveniente para la convivencia humana que el positivismo jurídico o el utilitarismo, aún si bajo el título de postulado apriorístico indiscutible o «noble mentira»– implica siempre una relación al bien. No puede haber, por tanto, un derecho natural al mal, y en este caso, un derecho a la supresión y negación del bien más inmediato que es la vida. 

Nadie tiene derecho a quitarse la vida, pues, como diría Sócrates en el Fedón platónico, la vida es un servicio divino del que nadie puede privarse sin culpa. Privarse del bien inmediato de la vida puede ser fuente de un gran desorden social y moral: las bases empáticas de la amistad política –expresadas en la regla de oro, tanto de la tradición cristiana como de la kantiana, del no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo o ama al prójimo como a ti mismo– se resquebrajarían. 

En este horizonte, las teorías de la autodeterminación absoluta de matriz utilitario demuestran su insuficiencia y carácter pernicioso: aquel que se corrompe a sí mismo, acaba por corromper a los demás, por tanto, el famoso apotegma de la vulgata utilitarista mi libertad termina donde termina la libertad del otro carece de sentido. En la comunidad humana, vínculo irrenunciable para todos, las libertades de los individuos se encuentran en acto finamente imbricadas en una red de derechos necesariamente vinculada a deberes y, por tanto, a ordenamientos previos dados, a una naturaleza prejurídica y prepolítica, en el sentido de anterior a las disposiciones de jueces y gobernantes y de fundamento orgánico profundo de estas. Así, el que atenta contra sí mismo atenta contra todos los demás hombres en cierto sentido.

Por tanto, no se valora la dignidad de los eutanasiados, en aras de una falsa noción de autonomía personal; podríamos decir incluso que no se valora su verdadera dignidad por una noción falsa de la misma. Ante una decisión evidentemente irreversible como la de decidir por su propia muerte, ¿se puede permitir que un paciente confuso y sufriente pueda tomarla? Se dirá que fue evaluado por un psiquiatra y que el médico intentó persuadirlo de no tomar esa determinación, pero aun así prevaleció. Pero ¿existirá acaso un momento adecuado para tomar una decisión que suprimirá todo momento y toda capacidad de decisión? ¿Cómo un solo instante puede decidir de manera absoluta sobre un proceso, sobre una vida? Hay una desproporción insalvable, por tanto, entre el instante de decidir terminar con la propia vida y la vida misma, que hace de antemano a la decisión del suicida perpetuamente insuficiente para constituirse en válida.

Al margen de la multiplicidad y complejidad de los casos particulares, la situación se hace más grave cuando los Estados permiten o incentivan situaciones como estas y, por tanto, las elevan a categoría de bien general, es decir, de ley. Se genera un ambiente cultural y jurídico hostil a la conservación misma de la sociedad, pues otorga al valor de la vida una precariedad tal (tanto al sujetarla a la decisión instantánea o veleidosa del propio sujeto, como a la de los familiares o incluso, en el futuro, a una junta médica de espaldas al paciente) que horrorizaría al mismo Thomas Hobbes. 

El postulado fundamental de la sociedad es la conservación de la vida y el bonum faciendum male vitandum social se expresa con propiedad en ver en el hombre aliquid sacrum, algo de sagrado, que hace que su vida solo pueda ser violentada en la situación extrema de la defensa propia y, en la generalidad de casos, por parte de agentes específicos responsables. Esto siempre lo tuvo claro la profesión médica occidental, cuya altísima ética profesional, expresada en el juramento hipocrático, siempre condenó la eutanasia. Tanto en la versión original clásica («Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna») como la aggiornada de Ginebra de 1948 («Tendré absoluto respeto por la vida humana»). 

Aniquilar jurídica y políticamente esta verdad prejurídica y prepolítica por una idea de autodeterminación ciega y sorda, carente de fundamentos ontológicos, incomunicable e inexpresable y profundamente asocial es asistir al asesinato de la dignidad humana por amor al hombre.