Guerra contra la delincuencia

Una rápida mirada a lo que viene ocurriendo a nuestro alrededor permite ver la presencia y el avance de la criminalidad en todas sus dimensiones. Esto nos obliga a una especie de reclusión “voluntaria” para asegurar nuestra vida.

Hace poco fue la pandemia, y junto a ella, las políticas de salud determinadas por el expresidente Vizcarra que nos obligaron a recluirnos, trayendo como consecuencia el deterioro de la economía, el aislamiento social, entre otros efectos. Hoy es la inseguridad, acompañada de la débil reacción del actual gobierno, lo que nos viene forzando nuevamente a confinarnos.

Son circunstancias distintas, con estrategias cuyo común denominador es retroceder, escondiendo la cabeza debajo del ala. De ahí se desprende un mensaje claro: “cuídense solos, porque la situación se nos está escapando de las manos”.

En enero fuimos notificados de la puesta en marcha de un plan estratégico de lucha frontal contra la criminalidad organizada, denominado “Plan Control Territorial”. Se adoptaron medidas como el aumento de mil efectivos policiales distribuidos en los puntos críticos identificados por la PNP; el inicio del proceso de asimilación acelerada de 1,500 efectivos dirigidos a personal licenciado de las Fuerzas Armadas para su incorporación inmediata a la PNP; el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial con un incremento presupuestal; y la declaración de emergencia por desabastecimiento para la compra inmediata de armamento (pistolas, fusiles y chalecos), con el fin de dotar a la PNP de la logística adecuada en su lucha contra la criminalidad.

Asimismo, se dispuso que todo el personal del SWAT, Escuadrón de Emergencia, Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), UDEX y la Dirección de Operaciones Especiales participe permanentemente en las operaciones de control territorial.

Sin embargo, 75 días después de la ejecución del plan, la criminalidad continúa. Robos, extorsiones y asesinatos son una constante. La población, en busca de soluciones, empieza a organizarse y, ciertamente, a protestar contra el gobierno. Una muestra de ello es el paro de transportistas del servicio público, quienes exigen medidas efectivas frente a los extorsionadores y protección para los choferes que siguen siendo asesinados.

Si bien la mayor inseguridad se presenta en la capital, también está presente en otras regiones como La Libertad y Lambayeque. Lo que ocurre es que, ante la falta de estrategias efectivas para detenerla, la inseguridad crece. Preocupa que sea en la zona urbana —es más, en el corazón del país— donde su crecimiento es más considerable y peligroso.

La incomodidad del país está siendo canalizada, principalmente, en términos de exigencias al gobierno por parte de los empresarios transportistas. Otros gremios no reaccionan como debieran, lo cual constituye un gravísimo error. No solo están siendo asesinados choferes; los maestros ya han recibido una señal, también los cambistas de dólares, comerciantes, tenderos de barrio y ni qué decir de los mineros.

La poca credibilidad en las acciones del Ejecutivo, a pesar de algunos compromisos asumidos por el actual ministro del Interior, lleva a la dirigencia de los transportistas a afirmar que el gobierno está obligado a cumplir con su rol de defensa de la población y que sus plazos son cortos. Por lo pronto, luego de la paralización del lunes en el cono norte y ayer en el Callao, hoy tienen programado otro paro que, al parecer, será mayoritario y contundente.

Pareciera que hemos ingresado a un momento de confrontación bélica, donde la guerra de movimientos está a punto de convertirse en una guerra de posiciones. Esto podría significar que estamos ante las puertas del asalto final de la delincuencia, instaurándose una especie de poder dual: delincuencia y gobierno. Todo esto, justo cuando se inicia la carrera electoral para el cambio de gobierno.

Obviamente, la situación es insostenible y exige resultados urgentes. Hasta el momento, nada se ha detenido. Las muertes continúan y las respuestas parecen ineficaces. Resulta difícil entender la distancia entre las prioridades del gobierno y su frivolidad. Frivolidad que, según Mario Vargas Llosa, consiste en “tener una tabla de valores invertida o desequilibrada, en la que la forma importa más que el contenido y la apariencia más que la esencia, en la que el gesto, el desplante —la representación— hacen las veces de sentimientos e ideas”.

Lo cierto es que debemos sumar fuerzas para impedir que el gobierno siga perdiendo el control del territorio. Es decir, para dar una verdadera guerra contra la delincuencia.