El contrabando de la “legitimidad”

“No hay nada que represente mejor la libertad que el
enorme esfuerzo de pensar” Axel Kaiser 

Periodistas de los principales medios de comunicación suelen recurrir al fraseario que utilizan los expertos o politólogos cuando se les solicita alguna evaluación de los actos públicos de un político. Entonces parten de una reflexión que, por cómoda, asumen para su uso diario, generando olas de crítica en favor de una tendencia que a los ojos pareciera negativo, contra la constitución y desde luego, contra la institucionalidad. Uno de esos términos es la legitimidad. Principalmente la usan contra el Congreso de la República. Vicio en el que caen hasta algunos intonsos liberales y uno que otro santurrón de derecha plegándose a esos conformismos para no ser ajusticiados por la inquisidora mirada de la opinión pública. La política es discusión de ideas, defensa de posturas y crítica a las mismas. ¿por qué temer a la razón o defender lo que uno cree con plena convicción y despercudirse de los moldes de pensamiento caviar?

¿Debe el Congreso renunciar al cumplimiento de sus funciones, amparadas en el marco de la Constitución? No, porque los congresistas fueron elegidos a través de una elección democrática que garantiza su labor. Y están sometidos al escrutinio público si transgreden ese mandato. ¿Si el Congreso está facultado para ejercer control político y fiscalización de entes importantes del Estado peruano por qué condicionan dichas funciones bajo el argumento de que carecen de legitimidad? Y no se practica un análisis filosófico, político o sociológico sino de un grupo condicionando la naturaleza de esta palabra a sus intereses. Dicen entonces: “legalmente el Congreso puede investigar a los miembros de la JNJ, pero carece de legitimidad”. Y está legitimidad debe ser amparada desde luego en ese otro contrabando que han creado: la sociedad civil (que en el Perú lo constituyen casi todos progres y caviares) y desde luego de la ciudadanía.

Si la acción de los colectivos sobre un asunto de interés va a ser el referente en la toma de decisiones de los poderes del Estado entonces entraríamos ante una tiranía de las voluntades por encima de la ley o las decisiones que el pueblo mismo se encargó de delegar en un alcalde, un congresista o un presidente de la república. Y esto no sería nada democrático ni constitucional sino puramente autoritario. Benito Mussolini arengaba: “Partiendo de la Nación, llegamos al Estado, que es Gobierno en su expresión tangible. Pero el Estado somos nosotros: a través de un proceso queremos identificar la Nación contra el Estado. La crisis de autoridad de los Estados es universal y es un producto del cataclismo guerrero. Es necesario, sin embargo, que el Estado vuelva por su autoridad; de otro modo se va al caos” (Discurso del Augusteo,9 de noviembre de 1921). Advertidos estamos. 

En los años ochenta y noventa este término no era de uso masivo, los adjetivos de análisis eran sobre criterios de fuerzas políticas, debates ideológicos y compromisos desde el poder. Hoy en día algunos conceptos de las ciencias sociales fueron masificados en los medios de comunicación. Y ante nuevos hechos históricos (caída del Muro de Berlín, debacle de la Unión Soviética, bloques geopolíticos en el orden mundial) generan diferentes espacios discursivos y agendas. Ante este escenario los académicos de izquierda o progresistas (herederos de la Escuela de Frankfurt, de la vieja guardia marxista o seguidores del marxismo cultural) copan con su discurso facilista, moralista, e igualitario (“democrático y de respeto a la ley”) y pretenden imponer (no bajo un amplio consenso sobre temas capitales como la reforma de la justicia, de partidos políticos, de la económica etc.) los modos que una elite caviar tiene ya estructurado y es garantía de esfuerzo mental. No hay más que discutir y todos deben someterse a este ejercicio de suprema inteligencia.

¿Por qué Fernando Tuesta es el único invitado para pontificar sobre la reforma de partidos políticos? A los caviares y progres no les interesa el debate solo la negación del adversario con falacias y clichés sentimentales o moralistas. ¿Acaso Carlos Rivera Aguilar, del IDL, respeta las posiciones de penalistas o constitucionalistas que objetan los excesos del sistema de justicia contra las prisiones preventivas o la elección de jueces o de los magistrados del TC? ¿No fueron todos ellos quienes le otorgaron “legitimidad” a Ollanta Humala, Martin Vizcarra, Susana Villarán, Pedro Castillo a sabiendas de la ineficacia, delitos, investigaciones de los mencionados o por no permitir que Keiko Fujimori fuera presidenta?

Legitimidad reclaman muchos. No es que la legitimidad sea una palabra maldita, es que las dimensiones de sus posibilidades han sufrido una interpretación antojadiza (exclusivamente ideológica) de un puñado de personas que vienen regalándonos un contrabando populista. ¿Cómo vigorizan rigor de ciencia exacta al término legitimidad y reconstruyen sus axiomas? ¡Con el favor y la interpretación de las encuestas! ¿Si la muestra estadística es solo una imagen, un reflejo de una realidad, un hecho de coyuntura cómo podemos tomar decisiones políticas (o políticas públicas) sobre la base de una perspectiva que los directivos de esas encuestadoras se encargan de repetir son fotografías de momento? ¿Si sube la Remuneración Mínima Vital (RMV) acaso esto no generaría al día siguiente una alta aprobación de la ciudadanía en favor de la medida?

El politólogo Iván Montes Pastor nos ofrece una clara opinión al respecto: “No hay que olvidar que las encuestas son una técnica; es decir, un instrumento para la recolección de información en un contexto determinado. Ahora bien, si una encuesta se toma con fines políticos la culpa no es del instrumento o de la encuesta en sí. Más bien, el problema es del uso arbitrario que se le da a la información, pero como ya se ha dicho este uso es posterior y no depende de la encuesta en sí”.  Es el problema, su politización. 

“Lo que revela este estudio es una situación crónica en la que, a diferencia de otros países, nuestra satisfacción con el funcionamiento de la democracia es realmente muy baja. Esto nos hace pensar en un rechazo más amplio no solo a la democracia sino al funcionamiento del Estado en su conjunto”, explica Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que comparte los resultados de Latinobarómetro (junio, 2023) en RPP, “¿Por qué los peruanos estamos insatisfechos con nuestra democracia?”, se preguntan en dicha encuesta. La respuesta: “la deficiencia de este sistema en producir igualdad ante la ley, la justicia, dignidad, la justa distribución de la riqueza, la corrupción, los personalismos y utilizar el poder para otras cosas que no sean el bien común” ¿Habrá países con alta calidad de vida, eficientes sistemas de salud, educación o servicios públicos que se encuentren satisfechos con la democracia? ¿si la democracia (a consenso de especialistas) es el menos malo de los sistemas porque tendría que generar inmensas expectativas emocionales en las sociedades? Norberto Bobbio explica la democracia entre “ideal democrático y la democracia real “y no sostenerla en caprichosas admisiones homogéneas. 

Además, Bobbio nos dice claramente: “Se puede definir la legitimidad como el atributo del estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es, pues, el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal.” Bobbio se encarga de advertimos de ese “peligroso consenso” que se pretende imponer: “El consenso hacia el estado no ha sido nunca (y no es) libre sino siempre, por lo menos en parte, forzado y manipulado la legitimación se presenta de ordinario como una necesidad, cualquiera que sea la forma del estado. Numerosas investigaciones sociológicas han probado, por ejemplo, que el fenómeno de la manipulación del consenso existe también en los regímenes democráticos. Ahora bien, como el poder determina siempre, por lo menos en parte, el contenido del consenso, que puede ser, por consiguiente, más o menos libre o más o menos forzado, no parece lícito darle el atributo de legítimo tanto a un estado democrático como a un estado tiránico por el solo hecho de que en ambos se manifiesta la aceptación del sistema.” 

Nos enfrentamos en estos tiempos a la explícita tiranía de un sector, una arremetida mafiosa en las instituciones de justicia, la academia o los principales ministerios prestos a dinamizar su agenda (Mincul, Midis, Minedu…), no soportan el debate público ni persiguen consensos nacionales. La sutileza de su tiranía viene con encanto seductor, se presentan como estándares de la moralidad, de la intelectualidad o defensores del pueblo y sus culturas. Los caviares y progres no quieren ganar elecciones solo conservar gollerías y mantenerse vigentes mientras les apesta el canillita de la esquina o la mamacha que marcha en la Plaza San Martín. Pero lloran cuando ven Wiñaypacha y hablan de los pueblos originarios mientras limpian sus lágrimas con su pashmina de S/ 599, comprada a precio de oferta. Con garantía y “legitimidad”, claro está.