Heriberto Bustos
Educación: descentralizar para florecer
Se debe evitar la utilización político partidaria de las UGEL
No necesitamos hacer demasiado esfuerzo para entender que el presente y futuro del país, en términos de bienestar para sus habitantes, discurre por el camino de la descentralización. Un tema, asunto o aspecto que, en términos de argumentación a favor y ciertamente en contra, tiene en su haber demasiados siglos de discusión. Entre tanto, la organización económica, social y política al establecer relaciones favorables para el centro (capital), mantiene una periferia en situaciones desventajosas en términos de crecimiento, expresados en incremento de la pobreza; desnivel que opera como caldo de cultivo para la aceptación de propuestas populistas, anarquistas y de desmembramiento, desgastando la decaída democracia que, pese a ello, aún viene otorgando sentido al funcionamiento del país.
Recordemos que en el primer gobierno de Alan García se dio curso al funcionamiento de regiones (integrando algunos departamentos). Posteriormente Alberto Fujimori, los cambiaría con los Consejos Transitorios de Administración Regional (como órganos desconcentrados a nivel departamental); en su turno, Alejandro Toledo, daría curso a un acelerado proceso de diseño y montaje de la descentralización actual, evidenciando niveles de continuidad con el esquema anterior (a nivel departamental). Lo cierto es que hoy nos encontramos frente al funcionamiento de 25 gobiernos regionales, en la mayoría de los cuales la corrupción ha cobrado fuerza, dejando atrás la atención de las necesidades básicas de desarrollo.
El comportamiento de los gobiernos regionales frente al poder central, tiene como expresión débil e inmediata “la lucha por incremento presupuestal”, conformándose con los atisbos de desconcentración administrativa, manejados arbitrariamente y por lo general en contra de su propio desarrollo; reflejando serias debilidades de identidad, junto a la ausencia de capacidades intelectuales organizativas y de participación ciudadana, para intentar un salto de trascendencia en términos de asumir la descentralización como condición para el desarrollo de sus territorios.
No resulta extraño entonces que el poder, asentando en el “centro” nacional o regional (sus capitales correspondientes), donde se toman decisiones y crean posibilidades de desarrollo económico, genere o profundice, disconformidades que, en muchos casos, se traducen en resentimientos, sustento de conflictos diversos. No obstante, allí está funcionando cerca de cuatro décadas, la estructura “descentralizada” y es en ese contexto que, como ciudadanos tenemos que actuar.
En cuanto a la educación, llamada a constituir el eje del desarrollo de las regiones y del país; habiéndose operado el “traslado” de algunas competencias; reafirmar el proceso de descentralización, implica la asunción de responsabilidades regionales, asegurando el adecuado funcionamiento de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) dado que constituyen -de acuerdo a la normatividad vigente- instancias de ejecución descentralizada del Gobierno Regional, con autonomía en su ámbito de competencia, el cual es de naturaleza provincial (contamos con 226 UGEL en 196 provincias). Sus funciones se relacionan con una serie de responsabilidades, entre las que destacan: supervisar y asesorar a las instituciones educativas en aspectos pedagógicos y administrativos; gestionar el personal docente y administrativo de las escuelas públicas, incluyendo ingreso, evaluación, remuneración y capacitación; coordinar redes educativas e implementar programas sectoriales; manejar aspectos de infraestructura y presupuesto, así como capacitar al personal.
Lamentablemente un equivocado entendimiento del verdadero significado de la descentralización educativa y de la meritocracia de sus gestores, lleva a que algunos gobernadores regionales reclamen en términos de “responsabilidad política y administrativa”, la sujeción de las UGEL y los mecanismos de designación existentes hasta la fecha en relación a sus directores, para ser ellos quienes designen a sus directores. En esa línea, corresponde al ministerio de educación, en el marco de su rol rector, coadyuvar en su afirmación y “desatar algunos nudos”, permitiendo acciones más consecuente de los gobiernos regionales, que supere el interés político del “control” formal.
Cierto es que su adecuado funcionamiento pasa por dotarlos de condiciones necesarias en términos de personal, presupuesto, infraestructura y logística, acompañada de procesos de fortalecimiento de capacidades, las cuales deben ser afrontadas como responsabilidades compartidas entre el gobierno central y el regional.
A fin de garantizar la integración educativa en un Perú diverso y unido, un paso fundamental es evitar el desmembramiento administrativo-pedagógico y la utilización político partidaria de las UGEL. No olvidemos que en términos educativos y de desarrollo en general, descentralizar la educación significa generar condiciones para florecer.
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