Criminalidad pone en riesgo al Perú

Los reiterados ataques en contra de la minería formal forman parte de una estrategia que ejecuta el crimen organizado para tomar el control del país. El Plan sería el siguiente: 1) Socavar la estructura productiva (atentando contra la actividad económica que genera más recursos al estado. En este caso, la minería.); 2) Tomar el control de los principales centros de producción; 3) Aterrorizar a la población; 4) Participar de la democracia mediante el financiamiento de partidos que respalden -en la práctica- sus acciones criminales, con la finalidad de garantizar su impunidad.

Durante las últimas semanas, la minería ilegal ha victimado a veinte trabajadores de la mina Poderosa en la provincia de Pataz en La Libertad, ha incendiado un campamento exploratorio en el proyecto Los Chancas en Apurímac, manteniendo zonas liberadas en ambas regiones, tal como se jactaban los grupos subversivos durante la década del terror.

Estos acontecimientos han generado una ola de indignación en los gremios profesionales que cuentan con muchos de sus miembros trabajando formalmente en el sector extractivo. Así como de las organizaciones empresariales que, una vez más, demandan una acción efectiva y contundente del gobierno.

Con relación a estos hechos, la mandataria Dina Boluarte ha manifestado que: "Lo ocurrido en Pataz estos días tendrá consecuencias. Acá no hay espacio para la minería ilegal”. Una de las primeras consecuencias debería ser la remoción de los prefectos que, estando bajo su responsabilidad directa, no han hecho nada para coordinar el combate en contra de este flagelo denominado minería ilegal.

Por el contrario, en regiones como Apurímac, parecería que algunas autoridades estarían coludidas con la minería ilegal y que inclusive podrían alentarla. Si de sus prefectos se trata, sugerimos que la presidente les solicite el registro de alguna acción efectiva en contra de esta modalidad de crimen organizado. Si no lo tiene, con todo respeto, le sugerimos que empiece a sospechar de ellos y decida separarlos del cargo que les confió en nombre de la nación.

En Arequipa, también se han registrado acciones de violencia, específicamente en Caravelí, con consecuencias fatales, ocasionando la pérdida de vidas de catorce mineros informales enfrentados por el control de alguna mina.

Las muertes son lamentables, sea que se trate de enfrentamientos entre mineros ilegales, u otros; pero, peor inclusive es que algunas autoridades desconozcan lo que sucede, se hagan de la vista gorda o que pretendan maquillar acciones delictivas desinformando a la opinión pública, haciendo creer que se trata de disputas entre empresas formales y pobladores o entre pobladores.

Los mineros ilegales en Pataz buscan tomar el control de la operación minera formal para actuar con total impunidad. Luego aterrorizarán a sus pobladores, o se suman al crimen o los asesinarán. Y, finalmente, los obligarán a votar por ellos, exigiendo que los ciudadanos más humildes fotografíen y exhiban en las redes sociales sus respectivos votos antes de ingresarlos a las ánforas.

La criminalidad está poniendo en riesgo la democracia.