Constitución para todos los gustos

Desde el miércoles 18 de noviembre tenemos un nuevo presidente del Perú: Francisco Sagasti, el tercero en casi una semana. La elección de Sagasti como presidente del Congreso, y luego como presidente de la República, parece haber sido el catalizador de la crisis política y social que en una semana nos trajo como resultado la pérdida de la vida de dos jóvenes (Inti y Bryan), numerosos heridos, el desprestigio de la Policía Nacional (acusada ahora de violación de derechos humanos), la fuerte crítica a una estrategia informativa, el protagonismo de los jóvenes y la polarización del país. Ya tenemos presidente (un presidente “de lujo” si nos atenemos a sus credenciales académicas y profesionales) y parece que las cosas van regresando a la normalidad. O cuando menos, a la situación que teníamos antes de la vacancia de Martín Vizcarra. 

A pesar del alivio que podemos sentir porque nos estamos alejando del conflicto, y de desear que el presidente haga lo posible por el bien del país, no podemos dejar de advertir que el mecanismo de elección de Sagasti es –legalmente hablando– el mismo por el que se eligió a Merino: por un Congreso que aprobó con 105 votos la vacancia de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Ambos han sido elegidos por un Congreso que “no representa” a la mayoría de los peruanos (como se arengaba en las marchas) y que cometió un golpe de Estado.

Si esto es así ¿Por qué ahora, la elección de Sagasti es válida y, sobre todo, tiene la entusiasta aprobación de la mayoría de la población? Recordemos que muchos de los que, en legítimo ejercicio de su libertad de expresión salieron a las calles, lo hicieron “en defensa de la democracia” y “contra la corrupción”. El sustento fue proporcionado por algunos abogados que, con la Constitución en la mano, explicaban por qué la vacancia de Martín Vizcarra fue un golpe de Estado. Los medios, haciendo su trabajo, daban cuenta de los 68 congresistas con denuncias penales y animaban a la ciudadanía a expresarse y ejercer su derecho de protesta para defender la democracia. Las protestas también expresaban la gran indignación de la población, al tener un presidente sin estudios superiores y que “no sabía hablar”. 

No puedo dejar de mencionar a los especialistas que, haciendo su parte, afirmaron que “las marchas no producen contagios” (pese a que meses antes, sostenían que no se podía ir al mercado). Incluso vimos a autoridades de la Iglesia animar a los fieles a “expresar su sentir en las calles” (aunque un mes antes habían impedido que se realizara la procesión del Señor de los Milagros). La “defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”, bien lo valía. Los ciudadanos (en su mayoría jóvenes) acudieron masivamente a las calles con la recta intención de cambiar las cosas, de hacer la diferencia, de lograr que “la clase política tradicional”, advirtiera su decepción, su cansancio y hartazgo. Ya en términos más concretos, querían que se vayan todos, cerrar el Congreso, que regrese Vizcarra y una nueva constitución. 

Luego de las manifestaciones y la pérdida de vidas valiosas, tenemos al mismo Congreso (pero ahora sí nos representa), que avala la elección del presidente luego de la vacancia (que ahora ya no es golpe). Y quizás seguimos en el círculo de la corrupción, solo que con otros protagonistas (el nuevo presidente, apoyó la permanencia de Vizcarra en el Gobierno, pese a sus actos de corrupción, y pertenece al partido que antes de su elección proponía el regreso de Vizcarra como presidente). Nada parece haber cambiado; pero como señalan algunos, la diferencia es que este nuevo presidente tiene “legitimidad”.

Debemos comprender que la legitimidad contribuye a provocar el consenso, a estimular la obediencia, a cooperar con la energía del poder. Por eso es tan importante, porque si no se consigue legitimidad, el poder queda discapacitado y predispuesto a una respuesta social negativa y a suscitar resistencia(1). Esto sucedió en nuestro país con Merino. Carecía de legitimidad, por cuestiones propias o ajenas, no generaba consenso (pese a que fue elegido con 105 votos de 130). Dicho en otras palabras, el consenso logrado en el Congreso, no se reflejaba en la calle. Esto, por otro lado, nos debe llamar la atención sobre lo “desconectado” que puede estar el Congreso de sus representados. 

Sin embargo, es muy importante decir, que una legitimidad entendida únicamente como “aprobación popular” no puede sostener el sistema democrático. La legitimidad requiere legalidad, porque lo que es legítimo, desde la Roma Antigua, siempre ha sido entendido como aquello “conforme a las leyes”. En otras palabras, las encuestas no otorgan legitimidad. La relación entre legitimidad y legalidad no es contingente. Es legítimo aquello que, teniendo la aprobación popular, es conforme a las leyes. Dicho esto, podemos entender que es una contradicción dañina para la democracia sostener que un hecho puede ser legítimo (tiene la aprobación popular) aunque ilegal (contrario a las leyes), y lamentablemente es la narrativa de muchos. Por ejemplo, aunque la mayoría de las personas aprobaran el aborto, éste no podría practicarse libremente (alegando legitimidad para ello), en tanto existe una norma que lo prohíbe. En este caso, el aborto, ni es legítimo, ni es legal. 

Al establecer esta relación, si hoy admitimos que el gobierno de Sagasti es legítimo; necesariamente, debemos admitir que es legal, o para ser más precisos, que la vacancia fue constitucional. La legitimidad del gobierno de Sagasti, no la otorga solo la aprobación popular, sino que la otorga el hecho que esta aprobación se encuentra en consonancia con lo establecido en la Constitución. 

Quienes en un primer momento sostuvieron que la vacancia era inconstitucional, se ven ahora en la dificultad de explicar la legitimidad de Sagasti. La razón no es baladí. Porque si se admite que la vacancia era constitucional ¿por qué las marchas?, si se admite que la vacancia es inconstitucional ¿qué legitima a Sagasti? Y esto es solo una muestra de lo mal que se usa nuestra Constitución. El mismo cuerpo legal, dirá una cosa u otra distinta, según lo que se quiera defender o según los intereses del intérprete.

Salvo que el Tribunal Constitucional diga otra cosa (lo que implicaría que el nombramiento de Sagasti pierda legitimidad), el proceso de vacancia cumplió los cauces constitucionales, el Congreso ejerció una prerrogativa, inoportuna, necesaria o inevitable si se quiere, pero eligió a Merino y lo que correspondía era dejarlo ejercer la presidencia hasta julio de 2021. Le faltó legitimidad (en el aspecto de la aprobación popular) y por eso, se eligió a Sagasti, que cuenta con legitimidad, en el sentido estricto de la palabra. 

Quizás a la población no le interese este tema, quizás ahora da igual si fue un golpe o no. El hecho es que se fue Merino, que tenemos un presidente “de consenso” y que los llamados poderes fácticos (la prensa y las redes) han aprobado. 

Al final, la democracia se reduce a un currículum.

1) Márquez, Daniel (2016). Legalidad, legitimidad y partidos políticos. Instituto de investigaciones jurídicas UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4237/6.pdf