Bombardeos institucionales

Si los ciudadanos y las fuerzas de oposición somos capaces de acabar con la pesadilla en la que nos encontramos, la institucionalidad que nos queda (elecciones periódicas y poco más) pagará gran parte de los daños ocasionados por el desgobierno y decisiones lesivas a los intereses nacionales. Comencemos por la presidencia de la República. Hemos pasado cinco elecciones democráticas consecutivas, pero carecemos de un ex jefe de Estado exento de temas pendientes con la justicia. Con el agravante de que por primera vez un mandatario en ejercicio es investigado por la Fiscalía, reacio a presentar su renuncia al Congreso y que cree que todo vale para mantenerse en Palacio. La situación del parlamento tampoco es mejor. La no reelección inmediata de congresistas ha producido una orfandad política que costará reconstruir si no se corrige el camino con sendas reformas constitucionales y legales. A ello debemos sumar la anulación de la inmunidad como garantía parlamentaria para fiscalizar al gobierno, lo cual también compromete la inviolabilidad de sus votos y opiniones.

En el marco de esta metástasis, el Poder Judicial también ha cruzado la línea fronteriza de la separación de poderes interviniendo en cuestiones políticas, cuando impide al Congreso el ejercicio de sus competencias para nombrar altos funcionarios públicos o su labor ordinaria en comisiones investigadoras. A eso tenemos que adicionar la pasada composición del Tribunal Constitucional, cuando el pleno de mayoría progresista aprobó resoluciones parcializadas en favor del gobierno (validar la fragmentación de las bancadas parlamentarias, la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y un golpe de Estado al Congreso).

Las reformas al sistema electoral se ocuparon de excluir candidaturas por formalidades para producir la temprana intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y afectar su orden preclusivo. Lo explicamos. El Reniec prepara y entrega el padrón electoral a la ONPE, institución que organiza el proceso electoral y, una vez conocidos los ganadores, el JNE resuelve las tachas e impugnaciones administrando oportuna justicia electoral. Desde las elecciones generales de 2016, la temprana presencia del JNE termina siendo objeto de ataques que afectan su imagen en la ciudadanía. Finalmente, sumado a todo lo anterior, la compra de voluntades en el Congreso ha pasado de una reunión clandestina en el Servicio de Inteligencia con dinero en la mesa al ofrecimiento de obras a miembros de la oposición a cambio de blindaje presidencial cuando haga falta.

Si somos capaces de acabar con esta pesadilla deberemos ocuparnos de una transición democrática que reconstruya la institucionalidad y que sea blindada con adecuadas reformas constitucionales y legales. El problema será a quién encomendarlas, sin sesgos ideológicos lejanos del constitucionalismo, y que exista consenso para aprobarlas. No actuar a tiempo sería desconocer el círculo vicioso en el que estamos inmersos, capaz de producir algo igual o peor al gobierno actual. Por eso, pasará el tiempo y siempre quedará pendiente explicarnos por qué permitimos una reforma política que facilitó la inscripción de partidos para diluir el voto en más de veinte agrupaciones, excluya partidos y candidatos incómodos durante la contienda electoral, y que sirve para acusar de obstruccionista a la oposición política en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El funcionamiento de nuestra forma de gobierno requería ajustes, no bombardeos institucionales.