Asilo: protección contra canallas

I

Hace unos días fue tomada por asalto la embajada de México en Ecuador, para arrestar a un exvicepresidente, quien fue a pedir asilo; la policía ecuatoriana, increíblemente, extrajo al refugiado y lo llevó arrestado. Será un caso de estudio en el Derecho Internacional.  Pues bien, nos vamos a ocupar del asilo que, en la práctica, es una protección, un refugio para los perseguidos.

En el Perú brilló la estrella del asilo contra las dictaduras castrenses cruentas y civiles. Se burló a los perseguidores acogiéndonos al asilo diplomático. Este fenómeno fue una característica del siglo XIX; no hubo fusilamientos ni sangre, pero sí la canallada de la persecución. Entrado al siglo XX las cosas se radicalizaron y ya no se trataba de prisiones o exilios, sino paredones reaccionarios. Luego del segundo gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899) y la primera parte del siglo XX los gobiernos fueron eminentemente parlamentarios y no tuvimos en esa época, extendida hasta 1930, casos de sangre. Lo demuestran los gobiernos de Candamo, López de Romaña, Billinghurst, etc. Pero derrocado Augusto B. Leguía (1930) apareció un fenómeno fantasmagórico y canallesco: la sangre de los enemigos; Sánchez Cerro fue el parangón y el testimonio de una política perversa que llevó al paredón a seis mil apristas (Trujillo, 1932). El hediondo comandante pagó con su vida, de un balazo en la nuca, por su crueldad. Desapareció él, es verdad, pero subsistió un régimen de terror militarista y policiaco.

Entró Benavides y gobernó hasta 1939 y hubo una relativa paz con los gobiernos de Prado y Bustamante y Rivero, hasta 1948. Parecía haberse acabado la persecución, pero está latente el espíritu de apuñalamiento por la espalda de los que en el Perú llamamos “cachacos”. Entonces fueron exiliados lideres apristas perseguidos por la dictadura. Haya de la Torre, fue la gran figura heroica para enfrentarse a la coalición de los canallas. Murió Víctor Raúl sin llegar al poder, pero dejó sus huellas en la democracia antiimperialista y de izquierda democrática. Hoy debemos esperar que reaparezca ese fantasma y si así fuera desataremos una guerra civil para enderezar al país hacia una democracia vehemente, popular, revolucionaria, jurídica. El tiempo nos lo dirá.

II

La práctica del asilo se acentuó hacia 1948 con la dictadura odriísta que había concedido salvoconductos, ente ellos a los perseguidos y procesados juntamente con Haya, Sánchez, Seoane, Townsend, López Aliaga, etc. Alberto Ulloa recuerda que en 1836 ya se habían asilado en la fragata francesa “Flora” el General Castilla y otros perseguidos. En 1855 en diversas legaciones el General Echenique y miembros de su Gobierno, pese a una ley que los responsabilizaba de la bancarrota nacional; en 1865 el General Diez Canseco en la legación norteamericana; en 1865 el General Pezet y miembros de su Gobierno, sometidos al ad hoc Tribunal Central, se asilaron en la embajada francesa y, pese a que el canciller reclamó su entrega después de breve debate marcharon al ostracismo.

Roberto Leguía, vicepresidente de la República se asiló dos veces en la embajada de Italia en 1914; Alberto Ulloa en ese mismo año en la embajada de Bolivia; Augusto Durand, en aquella fecha se refugió en la legación argentina, colindante con su casa, a la que volvía furtivamente por las noches aprovechando de unos corredores camuflados. Durante el oncenio (1919-1930) se asilaron Manuel Vicente Villarán, Arturo García y José María de la Jara y Ureta, en las legaciones de Colombia, Ecuador y Argentina, respectivamente. Caído el régimen de Leguía, se asilaron en la embajada de los Estados Unidos, dos hijas, un yerno y tres nietos del ex Presidente Leguía, pese a que USA no reconoce el asilo (aunque treinta años más tarde su embajada en Hungría concedió refugio al cardenal Mindzenty, durante 23 años, “siguiendo instrucciones de su Gobierno”).

Así que la persecución la hemos tenido siempre sobre la cabeza. Pero el asilo emblemático es el de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien estuvo asilado en la embajada de Colombia en Lima, desde el 3 de enero de 1949 hasta el 6 de abril de 1954, además con una sentencia favorable del Tribunal más alto del orbe: la Corte Internacional de Justicia. Por eso sigo sosteniendo que el asilo debe ser calificado por el Estado asilante. Mientras el Estado no de una calificación definitiva, el perseguido está tutelado provisionalmente.