Asesores y abogados contra la minería moderna

En Chumbivilcas, la operación Constancia, de la empresa minera Hudbay Minerals, ha suspendido recientemente sus actividades debido a que una comunidad aledaña ha invadido una parte de su campamento de manera violenta. La comunidad, sus dirigentes y asesores ya llevan más de 70 días de invasión al campamento; no obstante el Estado mira de lejos. Esa estrategia se pretende repetir en Antamina. Asesores, comuneros y otros actores han intentado invadir el campamento y mantienen una vigilancia para atacar al transporte y a los trabajadores de la empresa minera. 

 ¿Qué está sucediendo? Si bien aún no podemos afirmar que se trate de una estrategia coordinada a nivel nacional, sí podemos decir que el fenómeno de los asesores que atizan el fuego de la conflictividad, originado en un primer momento en Las Bambas, ha saltado a otras partes del país, incluidos el corredor minero, Puno, Arequipa, Moquegua y Áncash.

Estos asesores y abogados se presentan ante la comunidad, ofrecen sus servicios de acompañamiento y asesoría entre los comuneros y las empresas mineras, agudizan la situación de conflicto para finalmente obtener rentas y porcentajes en bonos de éxitos. Estos asesores y abogados no tienen la necesidad de cerrar ningún acuerdo o llegar a compromisos, sino todo lo contrario. Su principal negocio es que la conflictividad nunca se cierre, se continúa para poder reabrirla y obtener ganancias. 

Desde luego, en esta “jugada maestra” están involucrados las propias autoridades locales y comunales quienes no solo contratan a estos abogados y asesores sino que se coluden con ellos para también obtener otro tipo de ganancias.

El modo de operar en el corredor minero del sur, en Ayacucho sur, en Puno y en Áncash es el mismo. La comunidad inventa una contaminación que no existe, o en todo caso denuncia usurpación de terrenos comunales, aparece el abogado/asesor que interpone ante las autoridades nacionales sendas denuncias contra la minería moderna y luego pretenden constituir una mesa de negociación y de “diálogo” para allí exigir y obtener “resarcimientos económicos” millonarios. Asimismo, estos asesores y abogados pagan y “rentan” a periodistas y medios locales, que sirven de caja de resonancia de esos intereses malsanos.

Estamos entonces ante un grave riesgo contra la minería moderna. Ese peligro es el “rentismo” de asesores, abogados, comuneros y hombres de prensa a nivel local, que empujan los relatos y la propaganda contra la minería moderna con el objetivo de conseguir dinero, bonos de éxitos. Y todo ocurre ante los ojos del Ministerio de Energía y Minas, ante la Policía Nacional, los Fiscales y los gestores sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, que deberían solucionar estos problemas derivados de las dinámicas locales, y que no tienen otro nombre que extorsión.