Se mantiene gobernabilidad pese a crisis política

En la jornada de protesta contra el gobierno de José Jerí, una marcha pacífica de cerca de 5,000 jóvenes se transformó en una verdadera batalla cuando, en el Parque Universitario, cerca de 200 activistas comenzaron a atacar a los efectivos de la policía nacional del Perú (PNP) con armas letales. El saldo de víctimas era de 80 policías y alrededor de 20 ciudadanos heridos, algunos de extrema gravedad. Igualmente se contabilizaba la lamentable muerte de Eduardo Ruiz Sanz, por disparo del policía Luis Magallanes Gaviria, en el Parque Francia, un lugar no vinculado a las protestas ni a enfrentamientos con la PNP. Un acto que no tiene ninguna justificación, según el propio comando de la PNP.

El objetivo de los sectores que promovieron la protesta evidentemente fue la renuncia de José Jerí a la jefatura de Estado –en calidad del presidente del Legislativo– con el objeto de colocar a las minorías de las minorías en el Congreso y, de esta manera, controlar el próximo proceso electoral. La movilización buscaba reeditar el golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino, que impuso al gobierno provisional de Francisco Sagasti y luego organizó el escenario para el triunfo de Pedro Castillo. 

Ninguno de los objetivos anunciados por los promotores de la marcha  se cumplió. Muy por el contrario, demostrando una vena política que ya no aparecía en el país, el presidente Jerí convocó y diálogo con todos los sectores dispuestos al entendimiento. Igualmente, ante la lamentable muerte de un ciudadano el  gobierno se comprometió a desarrollar una investigación profunda sobre el tema.

Sin embargo, poco a poco, el intento de organizar un relato sobre un gobierno represivo perdió fuerza, más allá del acto injustificable del policía que disparó a un ciudadano. En este objetivo ayudó de manera superlativa la decisión de la Municipalidad de Lima de utilizar todas sus cámaras de video –sorteando incluso un intento de apagar 400 de ellas– y, de esta manera, las cámaras grabaron al asesino del ciudadano y a los vándalos que atacaron a los PNP que defendían el orden público.

El presidente Jerí acompañado del presidente del Consejo de Ministros , Ernesto Álvarez, se presentó ante el Legislativo y luego dio una conferencia acompañado de toda la mesa directiva del Congreso y el PCM. El mandatario explicó el punto de vista del gobierno y denunció a las minorías que pretenden desestabilizar la gobernabilidad. Luego en el Legislativo una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso fue rechazada por 64 votos en contra, 20 a favor y 4 abstenciones. A esas alturas la idea de un nuevo “Merinazo” se desinflaba a gran velocidad.

Sin embargo, una de las cosas más lamentables de la jornada es cómo un grupo de vándalos radicalizados virtualmente masacraron a los efectivos policiales. Lanzaban adoquines de las construcciones –partidos por la mitad– a las cabezas de los policías. Igualmente, lanzaban bombas molotov llenas de gasolina sobre los cuerpos de los efectivos y encendían el combustible con objeto de quemar a nuestros PNP. También utilizaban artefactos pirotécnicos que lanzaban sobre los uniformes policiales con el objeto de buscar quemaduras de gravedad en el cuerpo. Los señalados delincuentes usaban armas letales pretendiendo cegar la vida de los efectivos policiales. 

Más de una decena de policías permanecen en los hospitales luego de intervenciones quirúrgicas de gravedad. Algunos civiles también se encontraban en esta lamentable situación.

¿Cómo es posible que se atente de esta manera contra la vida de los PNP ante la vista y paciencia de los peruanos de buena voluntad? La única explicación: los relatos y narrativas de las oenegés comunistas que, supuestamente, en defensa de los DD.HH. denuncian el uso desproporcionado de la fuerza y judicializan a nuestros soldados y policías. No solo hay que recordar a los soldados y policías que fueron judicializados por las corrientes progresistas de por vida, luego de triunfar sobre el terrorismo comunista de Sendero Luminoso, sino que, en la actualidad, más de 200 soldados y policías –algunos de ellos en prisión– son judicializados por haber defendido el Estado de derecho y la Constitución ante el golpe fallido de Pedro Castillo.

Si los peruanos de buena voluntad permitimos que se criminalice a la acción policial bajo los relatos y narrativas del extremismo, ¿cómo podemos demandar que se luche en contra de la ola criminal? Imposible.